Este colectivo, encabezado por el profesor de la Universidad de Granada Emilio García Wiedeman, solicita en la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, que se cotejen las afirmaciones publicadas en la obra de la Real Academia de la Historia de Madrid (RAH) y que se exija la devolución de la subvención ministerial de 5,8 millones de euros que se destinó para su elaboración.
En un extenso escrito de casi un centenar de páginas incluidos los anexos, consideran que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de difusión de informaciones injuriosas por motivos racistas o referentes a la ideología y otro de difusión de ideas o doctrinas que justifiquen genocidio o la rehabilitación de regímenes que lo amparen.
En concreto, los denunciantes entienden que la RAH ha conculcado claramente los términos del acuerdo por el que recibió la subvención pública y su obligación de ofrecer una “versión ecuánime” de las biografías recogidas en la publicación.
En este sentido, advierten que la obra “destruye” la historiografía democrática sobre el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias y que los contenidos relativos a este periodo “falsean la verdad con el ánimo de injuriar a los familiares de las víctimas”.
Según señalan, el Diccionario Biográfico Español niega el carácter sangriento de la represión franquista y la mayoría de las entradas sobre mandos militares franquistas tienen un carácter “hagiográfico”.
Por ejemplo llama a la Guerra Civil “cruzada” y “guerra de liberación” o considera que Francisco Franco montó un “régimen autoritario pero no totalitario” y que participó en un golpe de Estado contra un Gobierno caótico “con el único fin de restaurar la monarquía democrática”.
Los denunciantes consideran asimismo que, en este caso, no cabe apelar a la libertad de expresión o a la libertad de cátedra, puesto que los contenidos son “notoriamente denigrantes para los familiares de quienes, por razones ideológicas, fueron discriminados, perseguidos y asesinados”.
La denuncia, que se presenta ante la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía por desconocer los denunciantes el lugar de publicación del Diccionario Biográfico Español, se dirige contra nueve autores de diferentes entradas del diccionario, entre ellos Luis Suárez Fernández y Carlos Seco Serrano.
Además se extiende contra cualquier persona que a lo largo de la investigación resultara con indicios de responsabilidad criminal por los delitos que denuncian.