Los efectos "devastadores" de la crisis económica dispararon el año pasado un 15 por ciento las quejas presentadas al Defensor del Pueblo Andaluz, que sumaron 7.239, casi mil más que en el año anterior, según ha destacado hoy su titular, José Chamizo.
Chamizo, quien ha entregado el informe anual de su institución al presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, ha destacado en rueda de prensa que la clase media andaluza "empieza a estar agotada por el peso de la crisis" y ha advertido a los partidos de la urgencia de que "escuchen las voces de la sociedad" para "evitar una rebelión social" que, en su opinión, "va en aumento" y para cuya respuesta "el tiempo se acaba".
"La población es ahora más crítica, más rebelde y está más crispada; la sociedad ha comenzado a movilizarse y está pidiendo a los políticos cambios radicales, como ha ocurrido con los desahucios", ha advertido.
Con todo, ha disentido de las recientes protestas mediante acoso directo a políticos o a sus familiares porque, ha opinado, "la vida personal y familiar hay que respetarla".
El Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por que los efectos de esta crisis, que dura ya cinco años, "ya han empezado a mostrarse con toda su crudeza" contra derechos sociales "que hasta ahora parecían estar al margen" de la recesión, como la educación o la sanidad.
Chamizo ha testimoniado su "miedo" a que los recortes presupuestarios terminen por dañar "estos dos pilares básicos de la equidad social" y ha arremetido contra quienes ha calificado de "los sádicos de Europa" que, ha ironizado "parece que brindan con champán cada vez que aprueban un nuevo recorte".
El Defensor del Pueblo Andaluz ha defendido dos propuestas para amortiguar los daños sociales de la crisis: la aprobación de una Ley de Segunda Oportunidad y la dotación de un Fondo especial de Solidaridad Social.
La Ley de Segunda Oportunidad ofrecería a los "deudores de buena fe" una fórmula para adaptar el pago de sus deudas, no sólo hipotecarias, "de una forma ordenada y en plazos razonables".
Esta normativa permitiría afrontar el "sobreendeudamiento familiar" y evitar que muchos autónomos o pymes pierdan todos sus bienes por sus deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, porque "hay muchos casos dramáticos", según Chamizo, en que no pueden pagar sus deudas por las que otras empresas o incluso administraciones tienen contraídas con ellos.
El Fondo especial de Solidaridad Social funcionaría como un sistema de pago a proveedores, pero dirigido a asociaciones y empresas del sector social que están en riesgo de desaparecer por las deudas de las administraciones y a los beneficiarios de ayudas sociales, en especial, las derivadas de la Ley de Dependencia.
Chamizo ha señalado que estas dos propuestas minimizarían los daños de la crisis y ha advertido de que aunque el número de personas que sufren exclusión social en Andalucía "no es tan terrible" y ronda las 300.000, "el número de personas en riesgo de exclusión social es creciente y son millones de personas".
Las principales quejas tramitadas el año pasado por el Defensor del Pueblo Andaluz se refirieron a las administraciones y ordenación económica; Educación y Personal público, con más de ochocientas en cada uno de estos tres apartados.
Sevilla y Cádiz fueron las provincias que presentaron más quejas, con 1.940 y 778, respectivamente, y el 54 por ciento de las 7.239 denuncias admitidas lo fueron a través de internet.
Además de estas quejas, el Defensor del Pueblo Andaluz realizó 247 expedientes de oficio y presentó sendos informes especiales sobre el botellón y los menores expuestos a violencia de género.