El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa pidió hoy a las autoridades españolas una mayor firmeza para evitar malos tratos, incluso verbales, a los detenidos y presos por parte de las fuerzas del orden y funcionarios de prisiones.
La delegación del CPT, que visitó España entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011, elaboró un informe en el que pide "tolerancia cero" ante esos casos en comisarías, prisiones y centros de internamiento de extranjeros.
Según el informe, los entrevistados aseguraron haber sido tratados correctamente en la gran mayoría de las entrevistas, pero recibieron algunas alegaciones de malos tratos durante la detención.
Los miembros de la delegación encontraron palos y bates de béisbol en salas de interrogatorio de comisarías de Cádiz y Madrid (Puente de Vallecas y Moratalaz).
"Falta de espacio"
Desde la Comisaría Provincial de Cádiz señalan que “en aquellas fechas no había espacio suficiente para guardar todo lo que se intervenía” por ello “muchos de objetos que se intervenían y se guardaban en una sala continúa” añadiendo que “todos los objetos 'varios' van con la diligencia correspondiente de cada persona”.
Asimismo, señalan que durante la visita a la comisaría gaditana de la delegación del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011 “se explicó el motivo de el por qué estaban esos objetos intervenidos ahí, por falta de espacio” añadiendo que “no solamente había bates sino también otros objetos de diversa índole como patines, cascos, etc.”.
Informe del CPT a nivel nacional
El Comité del Consejo de Europa considera que el régimen de detención incomunicada debería ser "una medida excepcional y limitada" y asegura que en los cinco primeros meses de 2011 el juez "no realizó un examen riguroso de la necesidad de aplicar dicha medida".
Según el informe, la delegación obtuvo alegaciones creíbles de 10 de las 11 personas detenidas en régimen de incomunicación con las que se había entrevistado.
El objetivo de los malos tratos, continua, era conseguir una declaración firmada de cara a la vista oral.
El CPT reitera su recomendación de que los detenidos en régimen de incomunicación tengan acceso a un abogado desde el primer momento de su detención y durante los interrogatorios.
El informe pide que se prohíba vendar los ojos o encapuchar a los detenidos, incluso en los interrogatorios.
Por otro lado, se pide que las celdas de las comisarías dispongan de luz natural, sistema de ventilación y timbre.
La delegación asegura en el informe que su relación con las autoridades españolas fue "excelente", salvo una "excepción importante": la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil, en la Dirección General de Madrid.
Allí, dice el informe, los oficiales negaron a la delegación que accediera a la zona de detención, como ya ocurrió en 2007.
El informe asegura que el CPT "ha estado llamando la atención de las autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil" y que este "sigue sin resolverse".
Respecto al desalojo de los acampados en la plaza de Catalunya de Barcelona el 27 de mayo de 2011, el CPT recomienda a las autoridades catalanas que los Mossos d'Esquadra estén identificados "de forma visible".
Los miembros del CPT visitaron comisarías de Policía de Madrid, Barcelona, Cádiz y El Puerto de Santa María; unidades de la Guardia Civil en Madrid, Las Rozas y Tres Cantos; y comisarías de los Mossos en Barcelona, Granollers y Hospitalet.
La delegación inspeccionó las cárceles de Córdoba, Navalcarnero, Nanclares de Oca, Cádiz, Soto del Real, Alcalá Meco, Brians I, Quatre Camins, Lledoners y La Modelo; y a los centros de internamiento de extranjeros de Barcelona (Zona franca) y Madrid (Aluche).
También realizaron visitas al Cuartel General de Arkaute-Ertzaintza (Vitoria) y al centro educativo de justicia juvenil l'Alzina, en Barcelona.
La delegación del CPT se entrevistó, entre otros, con el ministro del Interior, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, el director general de la Policía y la Guardia Civil, el presidente de la Audiencia Nacional, el Fiscal General del Estado y varias ONG.