La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que, a través de sentencia judicial, se ha anulado la adjudicación de una plaza en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz tras descubrirse que la baremación del aspirante seleccionado se basaba en un certificado que contenía "falsedades manifiestas".
Según ha detallado el sindicato en un comunicado, la plaza --de investigador de seguridad vial--, cuya convocatoria el año pasado despertó "un interés considerable por ser un puesto codiciado dentro de la Jefatura Provincial", fue finalmente adjudicada a un funcionario de la mencionada jefatura, "con vínculos familiares y de amistad con varios cargos del organismo". "Sin ir más lejos, el adjudicatario de la plaza es el hermano de la actual jefa en funciones del organismo en la provincia de Cádiz", concretan.
Lo "sorprendente" del caso, según reflexiona el sindicato, es que para poder hacerse con la plaza se le valoró "con el máximo de puntos un mérito basado en un certificado expedido por el exJefe Provincial de Tráfico, hoy jubilado, donde se recogía que dicho aspirante llevaba siete años ejerciendo las funciones relativas a otro puesto diferente al que realmente desempeñaba".
Ante este "auténtico escándalo", CSIF denunció la presunta falsedad en la Comisión de Valoración del Concurso, ante lo cual se emitieron nuevas certificaciones "contradictorias con lo anterior", manteniéndose por parte de la Administración "la máxima valoración posible por este mérito en todo momento".
Posteriormente el sindicato interpuso denuncia por presunto delito de falsedad en documento público ante los juzgados de Cádiz, y que fue en un primer momento archivada "sin llevar a cabo ninguna de las diligencias solicitadas", así como demanda contencioso-administrativa de la cual deriva la sentencia que ahora se ha dictaminado.
Para CSIF, esta es una sentencia "de gran importancia", puesto que viene "a poner coto a una práctica común en la Administración: la adjudicación arbitraria de plazas en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública, en donde, por desgracia, en muchas ocasiones la plaza no es para quien la merece, con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sino para quien más y mejores contactos tiene".
