El nuevo régimen sancionador prevé multas de entre 300 y 3.000 euros tanto a las prostitutas como a los clientes.
La ordenanza de civismo estipula dos fases de actuación de los agentes de seguridad. En primera instancia, los agentes pedirán a las prostitutas que desistan de ejercer la actividad.
En una segunda fase, y en el supuesto de que éstas rehúsen a ello, o si el servicio se consuma, el agente interpondrá una denuncia que podrá derivar en una sanción.