La Asociación de Afectados de Los Chinchorros ha expresado su satisfacción por la providencia emitida por la titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, María del Castillo Mendaro, en la que, tal y como le solicitaron en una reciente reunión, suspende la junta de acreedores prevista para el próximo 28 de abril e insta a Promociones Arrecife 2010 --la promotora que se sometió voluntariamente a un concurso de acreedores y que mantiene paralizadas las obras de las viviendas que tenía que haber entregado hace una década en la capital gaditana-- a que entregue a los afectados información técnica y financiera necesaria para que éstos puedan elaborar un plan de viabilidad.
En un comunicado, la asociación de afectados explica que la juez suspende la junta de acreedores a fin de dar tiempo a los afectados para elaborar una propuesta independiente de la de la promotora, que entienden que "vulnera claramente" sus derechos y que califican de "especulativa".
En este sentido, recuerdan que los planes de la empresa pasan por extinguir los contratos y las obligaciones contraídas en su día con permutantes y compradores para modificar "radicalmente" las condiciones pactadas en su día.
Abundan que las propuestas de Promociones Arrecife implican que los afectados renuncien a una tercera parte del dinero que llevan entregado, un "brutal" aumento del precio del metro cuadrado o la venta a la propia concursada de la parcela libre que queda por construir, dándose la circunstancias de que es el último terreno urbanizable en el paseo marítimo de la capital.
En su reciente encuentro con la juez, le trasladaron la negativa de la empresa a facilitar documentación alguna para que puedan elaborar un plan de viabilidad "realista" y que respete en lo posible las condiciones pactadas, "impidiendo incluso el acceso a la obra" de los técnicos designados por los afectados para hacer los cálculos correspondientes y recabar la información necesaria para hacer su propuesta.
Así, la titular del juzgado conmina a la concursada a que facilite el acceso a la obra para peritar y valorar por parte del arquitecto designado y por los acreedores y el personal de su despacho que sea necesario para efectuar las mediciones. Asimismo, le da diez días de plazo para entregar abundante documentación técnica y contable a los afectados, incluyendo todos los cambios que se han producido en la empresa desde el inicio del proyecto.
Los afectados agradecen a la juez su "sensibilidad" con este colectivo, que le expuso las situaciones "críticas" a las que se han visto arrastrados algunos de los permutantes y compradores de buena fe después de "más de 12 años de espera", pues unos temen "perder los ahorros de toda una vida" y otros se han quedado "sin un techo bajo el que vivir", ya que, entre otras cuestiones, la empresa "tampoco se ha hecho cargo, como se comprometió, del alquiler de los permutantes mientras durasen las obras".
Cabe recordar que la promoción de Los Chinchorros, situada frente al antiguo cementerio de la capital gaditana --en donde hay proyectado un parque público en primera línea de playa--, se componía de 171 viviendas, 78 de ellas de VPO y 93 de renta libre y permutas, que tendrían que haberse culminado y entregado hace una década.
