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Viernes 22/11/2024
 

Cádiz

La Agencia Tributaria se incauta 229.000 botes de champú falso en Málaga y Cádiz

Han sido detenidos un ciudadano alemán y otro de Kazajistán como responsables de la organización, que podría haber fabricado un millón de botes de champú falso que envasaban, etiquetaban y distribuían tras recibir la materia prima desde Emiratos Árabes

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La Agencia Tributaria se ha incautado 229.000 botes de champú falsificados de una conocida marca comercial, valorados en más de 1,2 millones, en dos naves situadas en Málaga y Chiclana de la Frontera.

En la operación han sido detenidos un ciudadano alemán y otro de Kazajistán como responsables de la organización, que podría haber fabricado un millón de botes de champú falso que envasaban, etiquetaban y distribuían tras recibir la materia prima desde Emiratos Árabes, ha informado la Agencia Tributaria en una nota.

La operación se inició tras una solicitud de intervención de la Oficina Europea Antifraude a raíz de un fraude a gran escala de importaciones de champú falsificado desde Emiratos Árabes vía Holanda.

Los funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Málaga comprobaron de una "verdadera industria con aspecto de legalidad" y localizaron una nave en el polígono industrial Villa Rosa de Málaga, donde se incautaron 28.000 botes llenos de champú.

En Chiclana de la Frontera se localizó otra nave donde se rellenaban los botes y se incautaron 1.000 botes, así como la materia prima para la fabricación del producto en diferentes fragancias.

Además, en Algeciras (Cádiz) se han intervenido dos contenedores que estaban pendientes de entrega y que contenían unos 200.000 botes vacíos y tapones, "prueba del gran movimiento comercial que mantenía la organización", ha añadido la Agencia Tributaria.

Para dar apariencia de legalidad, la trama había constituido en 2012 una sociedad en España de accesorios de vestidos, aunque lo que realmente importaba eran botes, tapones, etiquetas y materias primas de China.

A los detenidos se les imputan varios delitos contra la propiedad industrial, falsificación de documentos públicos y mercantiles, contra la salud pública al tratarse de productos con una estricta reglamentación higiénico sanitaria, y contra la Hacienda Pública.

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