La secretaria de Bienestar Social del PSOE de Andalucía, Isabel Armario, ha defendido esta mañana en rueda de prensa en la capital gaditana la agenda social del Gobierno andaluz, “centrada en gobernar para la gente, en especial para las personas más necesitadas” y así, ha puesto en valor el decreto de atención infantil temprana que aprueba hoy el consejo de Gobierno y el inicio del trámite parlamentario de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía que se abre camino mañana en la cámara andaluza.
Sobre el decreto de atención temprana, la dirigente socialista ha subrayado que la presidenta Susana Díaz ha cumplido con su compromiso de dar una respuesta normativa integral para la asistencia a niños y niñas con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlos. Isabel Armario ha insistido en que “se trata de la norma más avanzada en esta materia en España, y está diseñada para garantizar la atención integral universal, gratuita y de calidad para los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, además de asegurar la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento de estos niños y niñas y también la intervención con sus familias”. Y en la misma línea, destaca que permite coordinar las intervenciones desde los distintos ámbitos implicados como la sanidad así como la asistencia educativa y social.
Armario ha anunciado que las medidas se van a aplicar desde el mes de septiembre y ha adelantado algunas novedades que incluye como el aumento del tiempo de atención de 45 minutos a una hora completa, la reducción a 30 días en los plazos del diagnóstico, o la instalación de una unidad especializada en cada una de las provincias que estarán dotadas de psiquiatras y psicólogos.
De la misma manera, se ha congratulado de que se haya contado siempre con los colectivos implicados. “Este decreto está hecho mano a mano con las asociaciones que agrupan al 80 por ciento de los afectos y afectadas en Andalucía: se han escuchado y atendido sus demandas y se ha elaborado esta norma contando con su experiencia y opinión”, ha indicado mostrando su convencimiento de que “con esta iniciativa se da una respuesta buena y completa a los 13.500 niños y niñas que, aproximadamente, tienen necesidades de atención temprana e integral en nuestra tierra”.
Por otro lado, en cuanto a la Ley de Servicios Sociales que echa a andar en el Parlamento andaluz, la dirigente del PSOE andaluz define el proyecto de Ley como “garante de los derechos de las personas” ya que tiene como finalidad “prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales, grupales y sociales básicas de las personas en su medio, con el fin de mejorar su bienestar y favorecer una vida digna, blindar el sistema público y garantizar prestaciones básicas de forma universal, dotando de más calidad a nuestro sistema de protección, defendiendo de manera especial y urgente a las personas que se encuentran en situación de abandono y exclusión social y a las personas en situación de extrema necesidad”.
Así, ha abundado en que es una ley necesaria por la gran transformación social que ha experimentado Andalucía en las últimas décadas, con la aparición de nuevas situaciones y de nuevas necesidades y en el mismo sentido, apunta que la nueva Ley desarrolla “el avanzado panel de derechos que contempla nuestro Estatuto de Autonomía puesto que está llamada a constituirse en la norma de máximo rango de nuestra Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales”. Armario ha explicado que “los Servicios Sociales en Andalucía han experimentado un importante avance y modernización en nuestra Comunidad, en particular desde ley de Dependencia y esta es otra de las razones que hacen necesaria la nueva Ley que da un salto cualitativo y armoniza la Ley de la Dependencia que, de hecho, ha sido una gran plataforma de aprendizaje para nuestra Comunidad”. “No en vano Andalucía representa el 23% de todas las prestaciones concedidas en el conjunto de España y el 22% de las personas beneficiarias”, apunta.
La dirigente socialista destaca que “mientras el PP se ha cargado la universalidad de la sanidad, Susana Díaz blinda en el caso de esta Ley los principios básicos de Universalidad e Igualdad de acceso de todas las personas”. “Aglutinará todos los recursos de las administraciones públicas y se orientará a la calidad, situando a la persona como centro de todas las políticas sociales, sin olvidar su dimensión familiar y comunitaria. Regulará tanto los derechos como los deberes de la ciudadanía en general, de las personas usuarias e, igualmente, de las personas residentes en centros sociales debido a su alto nivel de vulnerabilidad”, ha explicado.
La responsable de Bienestar Social asegura que “la Ley define un catálogo de prestaciones, un gran avance, en tanto que reconoce normativamente derechos” y establece la implantación de un Plan Estratégico de Servicios Sociales. “Por primera vez en una norma autonómica garantiza una serie de prestaciones de esta naturaleza y, por tanto, exigibles por la ciudadanía y me refiero a cuestiones como los Servicios de Información, valoración, orientación y asesoramiento, la atención en urgencia social, los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo, las prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la lucha contra la exclusión y a la erradicación de la marginación y la desigualdad, así como las prestaciones ligadas a la Dependencia que estaban garantizadas en la ley estatal”, ha detallado.
Por último, ha incidido en que se crearán, entre otras cosas, la tarjeta social y la historia social digital, dos instrumentos donde “se sitúa a la persona como verdadero elemento central del modelo de atención básico de Servicios Sociales”. Y en cuanto a la iniciativa privada, ha querido dejar claro que la futura Ley de Servicios Sociales reconoce la libre actividad de la iniciativa privada, si bien en igualdad de condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, las administraciones públicas priorizarán la colaboración con entidades de iniciativa social (sobre las entidades de iniciativa mercantil), la nueva ley ordenará y mejorará el control de la colaboración con las entidades privadas y generará instrumentos para el fortalecimiento del sistema público de Servicios Sociales.