Una representación del Foro de Participación creado tras las Jornadas de Participación celebradas el 16 y 17 de diciembre en la capital gaditana hacía entrega este lunes en el Ayuntamiento de Cádiz del Reglamento de Participación Ciudadana alternativo. El texto se presentaba a modo de alegación al que se aprobara en el Pleno del mes de diciembre. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición para su aprobación inicial con el voto en contra del Gobierno local.
El portavoz del colectivo, conocido por haber sido un activo representante vecinal, José Manuel Hesle, fue el encargado de transmitir el sentir del colectivo que lleva semanas trabajando para presentar dicha alternativa al texto aprobado.
La alegación será estudiada ahora por los técnicos municipales, antes de ser trasladada de nuevo a Pleno municipal.
El proceso de redacción “ha sido cooperativo, activo, inclusivo y diverso en coherencia con el resultado que buscamos”. Un documento que promueva la participación de toda la ciudadanía, “tanto a los asociados como a los que no”. Se ha presentado como un reglamento alternativo que quiere “incluir todas las aportaciones existentes al propuesto por el movimiento vecinal -con independencia del interés y el trabajo-, porque no tiene carácter inclusivo y participativo”. Además del reglamento de participación presentado por las asociaciones de vecinos, se han tenido en cuenta para elaborar este texto otros modelos de localidades como Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Marbella, Sevilla, Rivas-Vacia Madrid, Basauri y Palma de Malloca.
Asimismo, afirman que se ha tenido en cuenta también, lo que recoge el borrador de la nueva Ley de Participación Ciudadana que se tramita en el Parlamento Andaluz.
Hesle explicó que se han realizado varios encuentros, reuniones, cinco grupos de trabajo y un cuestionario en Google para recoger las propuestas. De ahí se elaboraron sendos textos base.
También hubo una comisión de síntesis para dar coherencia y uniformidad al texto, con aspectos terminológicos y lenguaje inclusivo.
Asimismo, agregó que se ahonda en el concepto “que reconoce el derecho que a la misma tiene la ciudadanía. Individual o de forma colectiva (con asociaciones o colectivos ciudadanos)”.
Como ejemplos puso que “se parte del Consejo de Barrio como órgano básico, además de los consejos de distritos y el Consejo Social de la ciudad”. Con el objetivo de obtener la “máxima transparencia en la relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento se propone la creación de la Oficina de Defensa de la Ciudadanía, como garantía última de los derechos de los ciudadanos”.
Para concluir, señaló que “respecto a concesión de ayudas, se defiende una convocatoria única y la igualdad de oportunidad para acceder; la publicación de las cantidades concedidas y el seguimiento de los espacios públicos que se utilizan”.
Dicho texto se trasladará a los partidos políticos, aunque ya habían sido invitados al proceso con anterioridad, explicó el portavoz. “A partir de este momento está previsto informarles de manera específica”. También se ha contado con los colectivos vecinales que aún siendo invitados “no han participado en el proceso”, aunque matizó que siempre serán bienvenidos.
“No ha participado ningún partido”, matizó, aunque puntualizó que ha habido “sólo intervenciones de manera indirecta, a través de personas que pertenecen al partido pero que no acudían en su representación. El planteamiento nuestro es informar a todos”. Hay más de 30 colectivos que apoyaron este nuevo reglamento, así como más de 200 ciudadanos a título particular.
Se trata del “resultado de un proceso participativo amplio y en consecuencia es meramente inclusivo”.
Apuntes
Sobre la Oficina de Defensa de la Ciudadanía propuesta se indica en el texto que tendrá como competencias acercar la Administración Municipal a la ciudadanía y a los colectivos y garantizar un mecanismo de comunicación permanente y fluido; conocer las necesidades y demandas con los consiguientes efectos en la actualización de las políticas públicas; conocer la opinión de la ciudadanía sobre los servicios que se prestan y favorecer su mejora; ajustar las políticas y servicios públicos a las preferencias y necesidades de la ciudadanía; detectar dónde se produce el inadecuado funcionamiento o facilitar que quien lo desee pueda manifestar su insatisfacción con la gestión municipal.