Ha presentado ante el Ayuntamiento de Cádiz alegaciones y activará un recurso de alzada
“Sin publicidad, sin transparencia, a cubrir el expediente”. Así se podría definir el procedimiento de selección para la contratación de personal de mayores de 30 años que se ha realizado en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) de Cádiz, según ha tenido conocimiento Comisiones Obreras. Tanto es así que se han presentado alegaciones ante el incumplimiento de una serie de requisitos que impone la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
En concreto las alegaciones se realizan ante la “indefensión y falta de transparencia en el proceso, puesto que no se informa de los criterios de la selección”.
Asimismo, pide que se le informe sobre la oferta enviada al SAE, el expediente del acto administrativo, se revise la valoración y baremación y fundamentación de los criterios empleados, a la vez que reclama que se paralice la contratación, en el escrito entregado en el Ayuntamiento. Asimismo, esta candidata se ha dirigido a la Junta de Andalucía también para informar sobre lo ocurrido, y por ello tiene previsto interponer un recurso de alzada.
Este asunto comienza el 25 de mayo cuando es convocada a una entrevista para la selección de un puesto de trabajo como agente de igualdad de oportunidades. En la misma le preguntan por su preparación académica, por sus conocimientos de homofobia y transfobia, “sin profundizar” y sobre su domicilio y disponibilidad. “No se le realizó ninguna pregunta sobre el puesto al que optaba ni se le solicitó documentación”. Asimismo, aclaran que al día siguiente estaba colgada la selección y le daban un 5,5 de puntuación en el programa Emple@ 30+. Demanda que no se han publicado las bases de la oferta, que debería, según el decreto de la Junta “estar formulada de forma precisa y ajustada al puesto de trabajo, en cumplimiento al mérito y capacidad, así como la titulación, formación y experiencia”. Ahora, el Ayuntamiento deberá responder a las citadas alegaciones, teniendo como plazo un mes, antes de que dé lugar al silencio administrativo.