Para las trabajadoras de los módulos de playa está en juego el pan de sus hijos, así lo hablaban entre ellas mientras esperaban que finalizase el consejo de administración de Cádiz, donde acudían respaldadas por FSP-UGT. En el verano de 2018 quieren seguir trabajando y en esos momentos desconocían sí así sería o no. Lo que más les preocupaba era la firma de la subrogación del contrato porque la mayoría acaban de trabajar el día 15, otras pocas el 30 y tres únicamente se quedan todo el año.
Tras varias horas de reunión el proceso continúa hacia adelante gracias a la abstención del PSOE que previamente alertaba del posible cambio de voto si no respondían a sus inquietudes. El PSOE justificaba su voto en la protección a las trabajadoras, ya que si se paraliza el proceso de municipalización “quedan en un limbo y se ponen en peligro sus puestos de trabajo”.
Hasta ahora los socialistas “votamos a favor porque creemos en la municipalización, pero la gestión que están haciendo de este proceso genera muchas dudas e incertidumbre”. Además, para dar más seguridad a los trabajadores “hemos pedido que se elabore un certificado para el Consejo de Administración con una relación de los trabajadores subrogados”. Asimismo se plantea una asamblea con los trabajadores y el consejo.
Mientras tanto, los populares, que iban con el encargo de las trabajadoras de paralizar el proceso, criticaban la actitud de Podemos que “permite que el presidente, Álvaro de la Fuente, se arrogue facultades que son del consejo”. De ahí que adelantaran que van a denunciar la situación ante el Tribunal de Cuentas.
Para Bruno García (PP) “ha sido lamentable que el PSOE se haya abstenido teniendo en cuenta que ya anteriormente se quitó de en medio en la votación, y no está siendo responsable, sino cobarde al aceptar que el presidente siga abordando la municipalización a espaldas del consejo”.
Asimismo, considera que se ha mentido a los trabajadores “puesto que el propio presidente ha sido incapaz de responder si garantizaba que continuarán el cien por cien de los trabajadores”. Muy por el contrario habrá pruebas de acceso que serán públicas, por lo que las plantillas correrán un riesgo importante porque no tiene garantizada su permanencia laboral.
Para el Gobierno local, el proceso continúa porque “los informes jurídicos rebaten los argumentos de la oposición y la propuesta de paralizar el proceso solo logra el apoyo del PP”.
Los informes recogen que “Cádiz 2000 no recibe ninguna encomienda de gestión, sino que hubo un acuerdo plenario por el que se cambiaba el objeto social y con ello queda facultada para asumir estos servicios”.
Y por último, en cuanto al informe económico financiero Cádiz 2000 “cumple las instrucciones del socio único, que es el Ayuntamiento, que lo expresó aprobando la memoria de gestión en un Pleno y las ejecuta mediante el sistema de sucesión de empresas”.
