Un escrito llegado hace unas semanas les amargaba el verano. Con sello de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior se hacía llegar una carta oficial a quince vecinos del barrio de Loreto que viven en los bloques destinados a personal del cuerpo donde se les concedía seis meses para abandonar sus casas. “Son personas que llevan más de 40 años viviendo en Loreto, en su mayoría son las viudas de los compañeros de la Guardia Civil, que están destrozadas por el desarraigo al que se van a tener que enfrentar ahora” sin más explicación que la citada carta. “Dejar tu casa a los 72 años es un trauma”. Ver “cómo lloran estas personas porque tienen que dejar su casa no tiene nombre”.
Francisco Lucena, portavoz del colectivo Juan de la Cosa, explicaba que la razón que argumentan es que estas personas tienen otra vivienda en la capital gaditana, “aunque hay casos en los que no se cumple”. Este hombre cuenta con el apoyo de la asociación de vecinos Campo de Aviación y del Partido Socialista que ha presentado una propuesta al próximo pleno municipal.
Lucena realiza esta labor por solidaridad, por humanidad, “porque estas personas no merecen ese trato con la edad que tienen”. La Guardia Civil es la administradora de los pisos, según explica el portavoz vecinal. Unas viviendas acogidas a la Ley de Protección Oficial de Viviendas, acreditadas por la célula de calificación definitiva de vivienda de la Junta de Andalucía. “En el momento en el que la Dirección de la Guardia Civil se hace cargo de la encomienda de la gestión comienzan los problemas con el ordeno y mando, no son relaciones normales de arrendamiento, sino que parece una coacción encubierta”. En un anexo del contrato se recoge una cláusula, según los vecinos, donde indica que “se puede vivir en la casa hasta el fallecimiento del titular o del cónyuge”.
Estas viviendas empezaron teniendo una renta de 12 euros y ahora pagan 150 euros al administrador. En total, en la manzana de este barrio de Loreto hay 72 viviendas, que se dividieron entre guardia civiles (54), cabos (12) y suboficiales (seis). Según los papeles que maneja el colectivo son “viviendas en régimen de alquiler”, pero resulta que han concedido una quincena de ellas en régimen de “pabellón oficial. Totalmente gratuitas”. A juicio del colectivo afectado, esto sería un “quebrantamiento de la ley”.
El colectivo echa de menos arreglos de los desperfectos en las viviendas. Una de las afectadas por el desalojo tiene una habitación precintada por la Guardia Civil desde hace más de un año, “y no han acometido los arreglos, cuando nosotros seguimos pagando a la administración, dejando incluso al aire las catas que hicieron cuando vinieron a inspeccionarla”, explicaba la mujer afectada, que teme tener que dejar en breve plazo de tiempo una casa en la que vive desde 1972.
Cada vez que se han intentado poner en contacto con la Dirección General de la Guardia Civil “hemos recibido como respuesta su silencio absoluto”.
Creen que puede haber un “plan oculto especulativo, porque se ha pasado de tener 24 locales comerciales a que únicamente cinco estén ocupados porque no renuevan los contratos”. Eso es una “merma económica para el barrio y nadie hace nada”.