El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de El Puerto de Santa María ha dictado sentencia por la que condena a la aseguradora de Vitaldent a indemnizar a V.M.G. en la cantidad de 10.873 euros "por un defectuoso tratamiento de ortodoncia, que se alargó excesivamente en el tiempo, ya que duró 43 meses, en lugar de los 20 meses inicialmente previstos en el presupuesto, y que no solo no consiguió el resultado estético y funcional esperado por la cliente, sino que además le produjo problemas bucodentales adicionales".
Al respecto, según informa el Bufete Ortiz Abogados, se destaca en la sentencia “la coherencia de las conclusiones contenidas en el Informe Pericial presentado por la demandante, al no constar que se le hubieran realizados los estudios necesarios previos al inicio del tratamiento (TAC necesario para determinar la posición exacta del canino, pieza dentaria 13, antes de someterlo a la tracción ortodóncica, no siendo suficiente para ello la radiografía y la ortopantomografía que si le realizaron)”. Según el citado informe “tampoco se informó debidamente a la paciente, sobre todo en relación a la operación de tracción del canino 13, afirmando que si el documento de consentimiento informado, que adolece de graves defectos, hubiera sido más específico y concreto, la paciente hubiera podido tener un conocimiento más exacto de las consecuencias y podría haber optado por otra solución o bien no haber optado por la realizada, conectándose esta falta de información adecuada con la no realización del TAC”.
En definitiva, tras valorarse en la exploración pericial el estado bucodental actual y a la vista de las diferentes fuentes documentales el juez llega a la conclusión de que “la parte demandante acredita que en el tratamiento ortodóncico que le fue realizado en la Clínica Vitaldent ha existido mala praxis que ha provocado una serie de perjuicios tanto funcionales como estéticos a la misma”.
Como consecuencia de ello, la afectada tendrá que someterse a un nuevo tratamiento con otro profesional, “para intentar solucionar los problemas generados con el tratamiento negligente recibido en Vitaldent”, señala Ortiz.
La perjudicada antes de iniciar el proceso judicial intentó solucionar el conflicto acudiendo a una reclamación ante el Colegio de Dentistas de Cádiz, que invitó a las partes a llegar a un acuerdo amistoso en evitación del pleito, pero “Vitaldent se limitó a decir que la odontóloga que practicó el tratamiento ya no trabajaba con ellos, y que se limitan a alquilar las dependencias a los dentistas que realizan su trabajo de manera independiente, y a prestarles los medios auxiliares necesarios (confección de presupuestos, citas, auxiliares, etc.)”.
La sentencia, según explican desde el Bufete Ortiz Abogados, considera “justo” que “ha de devolverse a la paciente la parte equivalente al tratamiento realizado que no ha obtenido un resultado satisfactorio, al importe presupuestado del nuevo tratamiento, a realizar con otro profesional a fin de solventar o atenuar los problemas bucodentales generados en el tratamiento fallido, concediendo además la cantidad de 4.000 euros en concepto de daños morales, al considerar que la paciente sufrió perjuicios y molestias derivados de un tratamiento que no fue exitoso sino parcialmente, y que se alargó más del doble del tiempo previsto y que le ha causado unos perjuicios que no existían antes de iniciarse el mismo”.
Por lo tanto, la aseguradora de Vitaldent tendrá que abonar la cantidad de 10.873 euros más los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, imponiéndole además el pago de las costas procesales, al haberse estimado sustancialmente la demanda judicial interpuesta.
