El Gobierno británico estudia castigar a los internautas que descarguen contenidos de la red ilegalmente con la suspensión del servicio, la misma medida que Francia incluyó en su ley contra la piratería y que fue rechazada por inconstitucional.

El Ministerio de Empresa e Innovación, dirigido por Peter Mandelson, analiza también la opción de requerir a las compañías proveedoras de internet que faciliten los datos de aquellos usuarios que realicen descargas ilegales y se los entreguen a los propietarios de los derechos de autor sin necesidad de que haya una decisión judicial de por medio.

Los planes gubernamentales pasan porque los proveedores de internet actúen contra los infractores, ya sea “bloqueando el acceso a webs de descarga, reduciendo la velocidad de la banda ancha o suspendiendo temporalmente su línea de internet”.

Esta última medida se adoptaría únicamente “como último recurso contra los piratas”, según precisó el departamento de Mandelson, que está recibiendo sugerencias de particulares y miembros del sector antes de tomar una decisión definitiva.

Las alternativas que baraja el Gobierno británico han suscitado las críticas del Open Rights Group, una organización nacida en el año 2005 en el Reino Unido que persigue “proteger las libertades civiles” y los derechos digitales “amenazados por la regulación” gubernamental.

El director de la organización, Jim Killock, lamenta que se estudien medidas tan punitivas justo cuando los ingresos por venta de música on line están aumentando y “el intercambio de archivos ilícito” ha bajado.