Con lemas como Somos personas, Libertad, democracia y trabajo para todos y Fuera la ley de Extranjería, la manifestación discurrió de forma pacífica desde la Plaza de Legazpi hasta la Estación de Atocha.
Detrás de la pancarta principal La marcha por la Igualdad, se situaron la treintena de personas que recorrieron a pie unos 500 kilómetros, explicando en las distintas localidades por donde pasaron las reivindicaciones de más de doscientos colectivos, reunidos en torno a esta iniciativa.
Entre otras, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), la regulación y renovación de la tarjeta sin necesidad de contrato de trabajo, la reagrupación familiar sin recortes y que no se penalice la solidaridad con los extranjeros.
Uno de los coordinadores de la campaña y participante en la marcha, Hugo Colacho, aseguró a la agencia Efe que “no se puede construir una sociedad democrática en paz y libertad si se sancionan derechos a una parte de esa sociedad”.
“No se puede hablar en los foros internacionales de alianzas de civilizaciones cuando se reducen derechos de los inmigrantes que hemos venido a trabajar y que no somos responsables de esta crisis”, ha dicho el activista.
En este sentido, invitó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “a hacer una alianza de civilizaciones aquí, con hindúes, paquistaníes, uruguayos, argentinos, marroquíes, de todas partes del mundo, que estamos construyendo en esta manifestación esa alianza de civilizaciones para gritar: igualdad derechos y democracia para todos”.
La manifestación concluyó con la lectura de un manifiesto que detalla las razones por las que estas organizaciones se oponen a la nueva ley de Extranjería, actualmente en trámite parlamentario.
“El proyecto de reforma contempla a las personas emigradas únicamente como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos, entre ellos, el de la libertad de movimientos”, indica el texto, que denuncia que la ley criminaliza a los inmigrantes, al aumentar de 40 a 60 días el plazo de detención en los centros de internamiento.
Para estos colectivos, “la reforma no modifica la actual ley para facilitar la regulación y la igualdad de derechos de las personas migradas”, sino que en momentos de crisis “condena a la pobreza y exclusión social a personas y familias ya establecidas”, con la obligación de tener un contrato laboral para la regulación por arraigo, la reagrupación o la renovación de la residencia.
