La Policía Autonómica trata de localizar al niño de nueve años de Ourense que padece obesidad después de que la Xunta manifestase su intención de asumir la tutela del menor como dictaminó el Juzgado de Familia como “medida provisional” después de que los padres señalasen que no entregarán a su hijo por el momento.

Según señalaron ayer fuentes policiales, la Unidad de Policía Adscrita (UPA) a la Comunidad Autónoma de Galicia de Ourense recibió la orden de localización del menor después de que el lunes se presentase un escrito para dar con el niño, que se encuentra en paradedero desconocido para las autoridades públicas.

Además, la citada orden fue notificada al resto de las unidades de la Policía Autonómica de la Comunidad gallega para coordinar la localización del menor.

El pasado día 22 de octubre personal del departamento de Familia de la Xunta de Galicia requirió a la Policía Autonómica su colaboración para hacer cumplir la orden judicial para asumir la tutela del niño, pero al no haber nadie en el domicilio no la pudieron ejecutar.

Posteriormente, el 2 de noviembre se presentó un escrito en la Fiscalía para localizar al menor, por lo que la Policía Autonómica rastrea la zona de Ourense, en el marco de una búsqueda coordinada con el resto de UPAs de Galicia, para hacer cumplir la orden.

La Xunta, tras conocer la negativa de los padres de entregar al niño “por el momento”, señaló ayer que “hay una medida que se debe cumplir”, en relación a que el Gobierno autonómico asumirá la tutela del menor, aunque precisó que “el modo” lo tratará con los padres.

Hasta la fecha los progenitores han trasladado su rechazo a que el menor sea internado en un centro dependiente de la Administración, por lo que la Xunta estudia plantear “otras posibilidades”.

Los padres plantearon en la jornada de ayer que el menor permanezca bajo su tutela sometiéndose al control médico de un endocrino, tras lo que la Xunta recalcó que “todo” lo propuesto ya se ha hecho anteriormente.

Por ello, el Gobierno gallego dijo que ahora se va a intentar analizar otras posibilidades.

Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, el abogado de los padres, José Manuel Rodríguez, subrayó hoy que “nunca pusieron a disposición del niño un endocrino” y comentó que, por el momento, no han tenido respuesta de la Xunta a la propuesta planteada ayer.

El menor, además de padecer obesidad –cuando tenía cinco años pesaba 83 kilos y actualmente está en 70 kilos–, sufre problemas de salud “graves”.

El niño está en seguimiento desde el año 2005 y los médicos del Complexo Hospitalario de Ourense ya trasladaron varias alertas a sus progenitores.


No es un problema de estética sino de salud


El Juzgado de Familia de Ourense, en un comunicado hecho público a última hora deayer, indica que la resolución de desamparo del menor con problemas de obesidad mórbida, no se “tomó por estética, sino porque había un grave riesgo para su vida, en base a los informes pediátricos”.

Este Juzgado recuerda que tras celebrar una comparecencia con los padres del menor y su abogado, el Ministerio Fiscal y el letrado de la Xunta, decidió, mediante auto dictado el día 29 de octubre, no suspender cautelarmente la resolución adoptada por la Administración gallega de declarar el desamparo del menor.

Aclara el Juzgado de Familia que esta decisión fue adoptada valorando de forma prioritaria “el propio interés del menor por encima del de los padres” y en base exclusivamente a los informes médicos aportados.
 
El Juzgado de Familia también tuvo en cuenta, dice la nota, los anteriores intentos de la Xunta para subsanar este problema del menor, que se remonta a 2004, “que eran menos gravosos, pero que siempre fueron incumplidos por la familia del niño”.

Los incumplimientos familiares se referían a la supervisión por parte de los abuelos y al control de la dieta, así como el ejercicio en un centro de día, que fue incumplido al regresar el menor al domicilio familiar por la noche.