La confusión con las cuarentenas es absoluta. Esta semana ha trascendido el caso de dos empleados de un popular establecimiento hostelero de San Fernando que, pese a contar con PCR positivos, recibieron el alta. La Delegación de Salud se ampara en la última revisión de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la #Covid19, del Ministerio de Sanidad.
Pero la aplicación del protocolo no siempre sigue los mismos patrones. “Me hice una prueba como contacto estrecho de un infectado -relata un joven empleado jerezano-. Di negativo y el médico me pidió en un primer momento que permaneciera en casa otros diez días, completando de esta manera quince días. Sin embargo, me volvió a llamar para pedirme que contara esas dos semanas desde el día del test”. Finalmente, el Gobierno redujo el periodo preventivo recomendado y le dieron el alta antes.
En el ámbito educativo, también se han producido situaciones similares. Fuentes de la Delegación del Gobierno se remiten al acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante casos de Covid-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía. En el apartado referido a Actuación ante un caso confirmado se indica, que “cuando sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera del horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que deben iniciar un periodo de cuarentena tanto el alumno afectado como su unidad familiar o de convivencia, hasta que los servicios sanitarios contacten con las familias de este aula”.
Sin embargo, los padres y madres de una de las clases aisladas del CEIP Guadalquivir en Sanlúcar recibieron en primer lugar un correo electrónico, concretamente el viernes 18, que informaba de que “su hijo o hija no debe salir a la calle y debéis controlar los contactos”, sin dar instrucciones claras sobre cómo debía actuar el resto de la familia.
Cuarenta y ocho después, el centro emitió una nueva comunicación en la que se indicaba que, tras volver a consultar con “el servicio de epidimiología, rectifican el tratamiento de los contactos indirectos. Los hermanos y los familiares pueden asistir al centro y hacer vida normal”. Todo ello, pese a que sus hijos no habían pasado aún el examen clínico y, por lo tanto, eran aún casos sospechosos. Los padres y las madres tampoco recibieron indicaciones sobre si los menores tenían que permanecer aislados en la medida de lo posible en sus domicilios o cualquier otra consideración al respecto. Cinco días después, por otro lado, no se habían dado todos los resultados de los test.
El tercer frente abierto con respecto al establecimiento precoz de las medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones tiene como protagonistas a los ayuntamientos. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, solicitó esta semana a la Consejería de Salud la necesidad de que se dé esa mayor comunicación con las localidades “y haga llegar a estos un protocolo claro de actuación” para el control y seguimiento de los positivos por Covid-19 que tienen que guardar aislamiento. La delegada Isabel Paredes aseguró que comunicó a Cavada personalmente la medida de facilitar a la Policía Local listados con el objetivo de cumplir con esta misión y “la primer edil mostró su satisfacción y no manifestó ninguna duda o cuestión acerca del protocolo”.
“Estos listados son actualizados en función de la detección de casos y su entorno, una ardua tarea que implica a epidimióplogos, rastreadores y profesionales de la propia Delegación Territorial. Es un ingente y duro trabajo 24 horas los siete días de la semana sobre el que sobran exigencias e injerencias externas”, explicó. Sin embargo, la propia Paredes reconoce que entre el último envío y el siguiente median tres días.
Los agentes apuntan que precisamente este desfase resta eficacia a la medida hasta el punto de estar atendiendo a requerimientos de vecinos ante los que no pueden hacer nada porque los denunciados no aparecen en el listado de la Junta. Además, advierten de que esos informes no incluyen a contactos estrechos de localidades cercanas o del resto de la provincia que han de cumplir la cuarentena y que pueden desplazarse a otro municipio, por lo que plantean que se desarrolle un sistema único, centralizado y accesible por parte de los agentes con información de Cádiz al completo.