La Audiencia Provincial de Cádiz acoge este martes el juicio a los integrantes de una organización que introdujeron, en diferentes viajes en patera, a inmigrantes de origen magrebí en España a través de las costas gaditanas para después llevarlos a Huelva y Almería, siendo allí retenidos en contra de su voluntad hasta que los familiares entregasen determinadas cantidades de dinero a cambio de no entregarlos a las autoridades españolas. La Fiscalía Provincial pide penas de hasta 53 años de prisión para alguno de los ocho acusados.
Según el escrito de calificación fiscal, recogido por Europa Press, la organización realizó diferentes viajes entre octubre de 2016 y marzo de 2017, llegando las embarcaciones a las costas de Barbate y una de ellas a la playa de La Muralla, en El Puerto de Santa María, donde fueron interceptadas 20 personas en esa ocasión.
A juicio de la Fiscalía, los cinco acusados que se encuentran en prisión estaban integrados en una organización criminal formada por ciudadanos residentes en España y Marruecos dedicada a introducir en España, a cambio de dinero, a nacionales marroquíes, utilizando para ello embarcaciones de tipo neumáticas, semirrígidas y pateras, mientras que los otros tres acusados colaboraban puntualmente con la organización.
La rama ubicada en Marruecos se dedicaba a la captación de individuos de nacionalidad marroquí con el ofrecimiento de trasladarlos a España en pateras a cambio de una contraprestación económica. Además, se encargaba de organizar y agrupar a los inmigrantes para enviarlos en las mencionadas pateras.
Por su parte, la rama española se encargaba de recibir a los inmigrantes, y una vez las embarcaciones llegaban a España, los acusados les despojaban de todos los efectos que portasen, tales como documentación, dinero y teléfonos móviles, provocándoles una "situación de total indefensión". Así, eran trasladados principalmente a las provincias de Almería o Huelva, siendo allí retenidos en contra de su voluntad hasta que los familiares entregasen determinadas cantidades de dinero a cambio de no entregarlos a las autoridades españolas.
Por ello, la Fiscalía pide 53 años para el jefe de la organización por seis delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros --seis años por delito--, además de siete años por delito de detención ilegal, otros seis años por otro delito de detención ilegal y cuatro años por delito contra la salud pública, ya que fue detenido con hachís.
Para los cuatro restantes considerados inmersos en la cúpula de la organización la Fiscalía pide 49 años de prisión por por seis delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros --seis años por delito--, además de siete años por delito de detención ilegal y otros seis años por otro delito de detención ilegal.
Finalmente, para los tres restantes pide tres años de prisión para cada uno por tres delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
