La Diputación de Cádiz y la comunidad agustina han hecho oficial el acuerdo por el que se concretan los espacios que corresponden a cada una de las partes tras la división del antiguo Instituto Santa María del Rosario en la capital gaditana.

Según ha informado la Diputación en una nota, la presidenta Irene García, por parte de la institución provincial, y Jesús Baños y Vicente Domingo Canet, por parte de la de la Orden de San Agustín, han sido los encargados de firmar ante notario una adenda al convenio suscrito entre ambas instituciones en marzo de 2019, con la que se procede a concretar las zonas de comunicación entre las dependencias religiosas y las del futuro centro cultural en el que actualmente trabaja la Diputación.

Así, tanto la institución provincial como la comunidad religiosa pasan a ostentar de manera real y efectiva la propiedad y posesión física y jurídica de los espacios comprendidos en la línea perimetral de los inmuebles de su propiedad.

Asimismo, Diputación ha señalado que para llegar a este punto han sido necesarias diferentes operaciones que culminan con la modificación descriptiva de las fincas, incluyendo operaciones de segregación, cesión, agrupación y división horizontal, constituyéndose a favor de los padres agustinos un derecho de usufructo sobre los espacios en los que tradicionalmente se han ubicado las dependencias religiosas.

Cabe recordar que en el acuerdo suscrito por las partes en el año 2019 cada una de las instituciones reconocía las ocupaciones de espacios que se venían produciendo hasta el momento en zonas que no eran de su propiedad, comprometiéndose a abandonarlas y facilitar su puesta a disposición de la otra.

Por ello, la Diputación se quedó con la posesión y disposición de la totalidad del inmueble conocido como Convento de San Agustín-IES Santa María del Rosario; mientras que la orden religiosa quedó con pleno dominio de la finca conocida como Iglesia-Parroquia de San Agustín.

De esta forma, el acuerdo suponía que la Diputación recibía un mayor número de metros cuadrados, por lo que, en compensación por las renuncias de la Orden agustina, se otorgó a la misma un derecho real de usufructo sobre una parte del inmueble del Instituto Santa María del Rosario por el tiempo máximo permitido, es decir, 30 años.

Este espacio sobre el que recae el usufructo se ubica en la fachada trasera del edificio, dando a la calle Rosario, donde se ubican los despachos parroquiales.

Con la firma de la adenda se resuelve a plena satisfacción de las partes un problema arrastrado desde hace años entre las dos fincas, al tiempo que se permite a la Diputación materializar las obras para transformar el Rosario en un edificio de consumo energético casi nulo y llamado a convertirse en uno de los contenedores culturales de referencia en la ciudad de Cádiz.

ESTADO DE LAS OBRAS

Por otro lado, en lo referente a la evolución de los trabajos contratados con la empresa Díaz Cubero S.A. para la rehabilitación energética del edificio y su transformación en centro cultural, Diputación ha indicado que la obra ha tenido que ser momentáneamente paralizada tras haberse detectado una serie de patologías estructurales y vicios ocultos durante la fase de demolición.

En un informe técnico, los responsables de la empresa constructora, que comenzó la obra a principios de este año 2021, han trasladado a la Diputación que durante la ejecución de los trabajos de demolición de los falsos techos, así como de los revestimientos, se ha encontrado una gran variedad de soluciones estructurales distintas, presumiblemente, debidas a las distintas ampliaciones y cambios de uso que ha sufrido el edificio a lo largo del tiempo. Esto conlleva que se hayan detectado numerosas patologías tanto en elementos de la estructura vertical como horizontal.

Igualmente, los técnicos han indicado que con la demolición de los revestimientos se observa que "la realidad de lo existente en algunos casos dista mucho de los que se esperaba", y esto implica que algunas de las soluciones constructivas previstas en el proyecto resulten "inviables", siendo necesaria su redefinición.

Con todo esto, Diputación ha afirmado que resulta imposible para la empresa adjudicataria continuar con los trabajos hasta que, por un lado, se asegure la estabilidad estructural del edificio y, por otro, se solucionen los problemas detectados en los elementos constructivos, lo que implica una "suspensión temporal" de las obras.