“No se entiende que quitar la vida de un ser humano inocente no pueda ser un delito”, dijo en rueda de prensa el obispo auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.
El obispo auxiliar de Madrid, junto al obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella, presentaron a los medios la declaración Ante la crisis moral y económica, que fija la posición de la Iglesia ante las causas y las víctimas de la crisis económica.
En el turno de preguntas posterior a la presentación, Martínez Camino opinó que “el pecado gravísimo del aborto es un pecado, y hay que decir que una cosa es el pecado y otra el delito; y es verdad que no todo lo que es pecado tiene que ser siempre delito”.
“¿Puede alguna legislación civilizada considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no es un delito?”, se preguntó a continuación Martínez Camino.
El portavoz añadió que este “gravísimo pecado del aborto ha de ser en cierta manera recogido como una situación que legalmente no pueda ser aceptada; no puede haber un sistema jurídico justo que dé curso legal a quitar la vida a un ser humano”.
Además criticó que en el proyecto de ley del aborto, la lesión “grave” al derecho a la vida “pretenda ser considerado como un derecho”. “¿Como puede ser un derecho lesionar el derecho a la vida?; eso es un contrasentido moral y jurídico”, manifestó.
A su vez, reconoció que a la hora de aplicar la doctrina de la Iglesia en relación a temas como el aborto pude haber “defectos” e insistió en que “no es contra nadie en particular, ni se ha elaborado contra un partido o contra una persona”.
Por otro lado, recalcó que no se puede quitar la vida a un ser inocente bajo “ninguna circunstancia” y que “nadie que atienda a los imperativos de la razón lo puede apoyar, y si lo hace no puede comulgar”.
En relación al documento de la CEE Ante la crisis moral y económica, leída por Omella, los obispos expresan en él su convicción de que las causas de la grave situación tienen su origen en la “pérdida de valores humanos, la falta de honradez, la codicia –que es la raíz de todos los males– y la carencia de control de las estructuras financieras”.
A su vez, opinan que la citada crisis tiene una incidencia especial en las familias numerosas y los jóvenes y denuncian la “escasa protección social de la familia y las políticas antinatalistas que son perniciosas para la sociedad y que tendrán efectos económicos perjudiciales para las generaciones futuras”.
También creen que incide especialmente sobre los inmigrantes, los pequeños y medianos empresarios, así como los ganaderos y los agricultores.
En relación a los inmigrantes apuntan que la recién aprobada Ley de Extranjería “restringe” los derechos que afectan decisivamente a su dignidad.
A su vez, piden aprovechar la crisis como “ocasión de discernimiento” y de actuación esperanzada “para cada uno de nosotros, para los responsables públicos y para las instituciones”, que pueden “contribuir a una salida de ella”. También opinó que la actual crisis no solo es de “trabajo y de dinero” si no que también lo es “moral y antropológica”.