La indignación es total entre los agentes de la Policía Nacional destacados en la Comisaría Provincial en Cádiz tras su reciente vuelta al edificio de la Avenida Andalucía cinco años después de salir de las instalaciones obligados por los problemas estructurales detectados entonces. “Han hecho una auténtica chapuza”, denuncia Antonio Rodríguez, secretario provincial del sindicato Jupol, pese a que la inversión efectuada por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) ha destinado 2.850.499,01 euros a la rehabilitación, según la respuesta obtenida el pasado 15 de junio por medio del Portal de Transparencia y firmada por la directora del Gabinete de la Secretaría General de Seguridad del Ministerio del Interior.
“¿En qué se han gastado ese pastón”, se pregunta antes de tomar aire para enumerar una interminable lista de desperfectos y carencias de equipamiento. “No han cambiado el suelo, hay óxido en la carpintería metálica, los sanitarios están en un estado lamentable, hay problemas de humedades”, comienza. “Pero, además, no se puede usar el aire acondicionado en pleno verano”, prosigue. Hay más. En uno de los tres vestuarios, “han arrumbado hasta 185 taquillas”, de manera que, entre fila y fila, no hay espacio siquiera para pasar. “Es imposible cambiarse”, señala.
Además, considera que algunos techos no cumplen con la altura reglamentaria, extremo que confía en que quede acreditada en la inspección de prevención de riesgos laborales prevista para septiembre, y las salas de espera para denuncias y la expedición de pasaportes y DNI son pequeñas. “Los usuarios pagan la factura”, advierte.
Los agentes, por otro lado, siguen sin contar con la galería de tiro ni con los calabozos, de manera que los detenidos son trasladados todavía a las dependencias de la Policía Nacional en San Fernando.
El problema de falta de plazas de aparcamiento para los funcionarios y usuarios tampoco se ha resuelto cinco años después. “Ahora tenemos el carril-bici justo delante del edificio”, explica.
Rodríguez insiste en que lo adecuado era construir una nueva comisaría. “Con los fondos que se han destinado a la rehabilitación y el del alquiler al Pirulí, habría sido más que suficiente”, sostiene.
El contrato de arrendamiento entre la Dirección General de la Policía y Telefóno de España S. A. U. se formalizó el 1 de agosto de 2016. La cláusula segunda establecía una duración de dos años, con la posibilidad de prorrogarse por periodos de seis meses sucesivos. La cláusula tercera, por su parte, establecía que el precio inicila del arrendamiento era de 434.3000 euros al año y que, transcurrido el periodo de duración inicial y durante la vigencia de periodo de prórroga, la renta del arrendamiento se situaría en los 369.300 euros al año.
La Secretaría de Estado de Seguridad, sin embargo, no ha concretado el monto total destinado en los últimos años, pese a que la pregunta registrada en el Portal de Transparencia cuestionaba al respecto.
En cualquier caso, apunta Rodríguez, “ha sido un dineral” que el Ministerio del Interior ha decidido dejar de gastar súbitamente, sin haber solucionado todos los problemas del edificio de la Avenida Andalucía (ha solicitado varias veces el certificado de finalización de obra a los servicios de arquitectura de la DGP y a Giese con resultado negativo hasta el momento) ni haber valorado la posibilidad de construir unas nuevas instalaciones.
De hecho, el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado 2019-2025 solo contempla el acometimiento de obras en sendos edificios para las comisarías de El Puerto, con un presupuesto de 7,5 millones de euros, y en La Línea por valor de 4,7 millones. La ejecución está prevista, en principio, dentro del periodo de vigencia del mencionado plan, aunque el propio Gobierno ha reconocido que, en el momento actual, “no se puede precisar el año concreto de construcción”.
En febrero de 2020, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inauguró las nuevas instalaciones de la Policía Nacional en Jerez, que contaron con una inversión de casi seis millones de euros y disponen de casi siete mil metros cuadrados, divididos en tres plantas, “para garantizar las mejores condiciones, tanto de los profesionales como de la ciudadanía que se desplaza a las dependencias, en muchos casos en estado de vulnerabilidad”.
