La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádizha alertado hoy del impacto directo en las empresas de la subida de los precios de la electricidad, “que impactan directamente en nuestra línea de flotación y ponen en riesgo su estabilidad y competitividad a corto y medio plazo”, ha señalado su presidente, Javier Sánchez Rojas.
Los incrementos récord que viene sufriendo la factura de la luz se suman al encarecimiento generalizado en los costes de energía, “poniendo en serio riesgo la supervivencia de muchas empresas que precisan de su uso para su operativa”, ha destacado, poniendo como ejemplo los miles de negocios que necesitan climatización o frío industrial constante.
La bajada de IVA en el recibo de la luz es “bienvenida, pero apenas tendrá efecto porque el sobrecoste del precio del kilovatio/hora es muy superior a esta reducción. Si a ello se le añade el aumento de los costes de producción y de los impuestos que deben seguir asumiendo las empresas, la reducción significativa de los márgenes empresariales es un hecho constatado”, reitera.
“Nuestras empresas ya nos están alertando que el incremento de los costes de la tarifa de la luz nos les va a permitir hacer nuevas contrataciones de personal. Algunos incluso confiesan que se van a ver con dificultades para poder mantener los actuales niveles de empleo”, sostiene Sánchez Rojas.
Para el presidente de la CEC, “no hay razón alguna para que España tenga los precios más altos de la luz de todos los países comunitarios. Solo Gran Bretaña, ya fuera de la Unión Europea, ha registrado en la última semana precios superiores a los de España. El impacto en nuestra competitividad es directo e inmediato. Las eléctricas tienen que considerar su estrategia de precios porque este sistema tarifario es para hoy, pero aboca a una reducción del mercado a medio y largo plazo si desaparecen sus clientes de empresa y abocan a los particulares a reducir su consumo”.
Por último, y en relación a otras cargas empresariales, Javier Sánchez Rojas asegura que “las subidas del SMI no tienen en cuenta las diferencias de coste de vida entre comunidades, no diferencian actividades profesionales, no tienen en cuenta contratos entre empresas privadas y administraciones y frena la contratación, mientras incentiva una nociva economía sumergida”.
