Con motivo del inicio del curso, "el profesorado interino y el que se encuentra en prácticas tras superar las pasadas oposiciones, ha de presentar, por petición de la administración educativa, documentación en su centro de trabajo entre la que se incluye un P10 o certificado médico oficial de ser apto para la docencia". CCOO denuncia la falta de coordinación entre la administración educativa y sanitaria pues e"n tanto una demanda esta certificación, la otra ha dado instrucciones de que no se realice".
Según informa Sebastián Alcón, Secretario General del sindicato provincial de enseñanza de CCOO de Cádiz "no se entiende esta falta de coordinación entre administraciones de la Junta de Andalucía y el requisito de una certificación de estar apto para la actividad docente cuando ésta no se facilita desde el sistema sanitario público".
Alcón denuncia que con esta actitud "se está potenciando la sanidad privada en tanto que la única opción que le queda a este profesorado es obtener esta certificación por un médico privado que además le desconoce al no ser su médico de familia suponiéndole un gasto económico injustificable."
Para CCOO Enseñanza de Cádiz, "no es asumible que se exija este tipo de certificación cuando tenemos el sistema sanitario colapsado por la pandemia con una atención sanitaria que se sigue realizando en muchos casos por teléfono". Alcón argumenta que ante esta dificultad, ha planteado a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz que el profesorado afectado pueda presentar "una declaración jurada indicando no padecer enfermedad que le impida la actividad docente, algo que se ha hecho en otras ocasiones y que la administración educativa no acepta ahora".
Sebastián Alcón denuncia que esta certificación se está pidiendo a profesorado que "en muchos casos lleva años desarrollando su actividad profesional y que el plazo de presentación lo ha sido exclusivamente de 3 días, una plazo además inviable ante el colapso del sistema sanitario".
En el caso de la provincia de Cádiz, Alcón señala que esta certificación médica "puede afectar incluso a más de 3.000 docentes en la provincia de Cádiz" y exige a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz que acuerde con la Consejería de Educación la presentación de documentación que "sea realista y factible facilitándose su expedición desde la propia administración pública, sanitaria de ser el caso".
