El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, ha anunciado este viernes una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por la que anula un decreto del alcalde, apoyándose en un informe de la secretaria, contradictorio con el informe desfavorable de reparo de la Interventora, "con el que coincidíamos en todos sus términos y no así con el informe de la secretaria", señala Mayoral,

El decreto que declara nulo la jueza corresponde a la incorporación a su plaza de auxiliar administrativa de la exconcejala del PP Marina García, de la que estaba en excedencia especial por su cargo público de Concejala de la Corporación y que estaba ocupada por una interina, a la que se debía dar de baja al incorporarse la titular de la misma. "El alcalde no lo ha hecho en base al informe contradictorio de la secretaria", comenta el PIVG.   

El PIVG recordó que esta plaza de forma interina "se ocupó siendo concejal de recursos humanos el actual alcalde Ruiz Boix y que estuvo rodeada de polémica en cuanto a su contratación, aunque no fue denunciada y es ahora precisamente Ruiz Boix como alcalde, en contra de lo establecido por la Ley, no ha dado de baja a la  persona que la  ha estado ocupando de forma interina aunque se haya basado en un informe de la Secretaria General, contradictorio con el informe de Reparo desfavorable puesto por la Interventora".

Para Mayoral, "esto está ocurriendo con más  frecuencia de lo normal y lo avalan las sentencias que estamos ganando en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y de momento ya tenemos varias sentencias que los jueces en primera instancia están fallando en contra del Ayuntamiento, pero que el Ayuntamiento las está recurriendo. En esta última sentencia, la propia jueza, con argumentos jurídicos muy contundentes en contra del informe de la secretaria, la deja en evidencia diciendo que es ella la confundida ante algo que la Ley y el decreto realizado en su día para sustituir de forma interina a Marina García, lo dejan muy claro a pesar de que el ayuntamiento tome la decisión que crea oportuna".

Desde PIVG se dicen seguros de que, "a pesar de la claridad de la sentencia y la seguridad que tiene la jueza que hasta condena en costas al ayuntamiento en primera instancia, el alcalde como viene haciendo, no sé si para ganar tiempo o porque los gastos jurídicos los pagamos los ciudadanos, recurrirá la sentencia hasta la última instancia en la vía administrativa".  

"No obstante" -señala el PIVG-, "como ni tan siquiera nos contesta a los Recursos de Reposición y que asombrosamente tampoco se informan jurídicamente, seguiremos acudiendo en la vía administrativa al Juzgado de lo Contencioso, porque no estamos dispuestos desde el PIVG, a que haga y deshaga lo que quiera  o en base a informes jurídicos, que de momento los jueces están fallando a nuestro favor y de alguna forma validan  los reparos de la Interventora y sus informes desfavorables, que tanto empeño tienen ambos en que la Interventora no los haga".