Un detenido en Sotogrande de una red de inmigración entre Marruecos y Canarias

La Policía ha desarticulado, deteniendo a 8 personas en Las Palmas, Murcia, Cádiz y Vizcaya, dos bandas acusadas de traficar entre Marruecos y Canarias con 204 migrantes llegados en 6 pateras a Lanzarote y Fuerteventura, a los que cobraron 3.000 euros por viaje.

Con estas rutas, se estima que la red criminal obtuvo un beneficio de más de 600.000 euros, según ha informado este lunes en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que ha precisado que los delitos que se imputan a los ocho detenidos de estas dos organizaciones interconectadas -tres de ellos ya en prisión provisional- son supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Las pesquisas y diligencias realizadas por la Policía Nacional permitieron confirmar la existencia de dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes marroquíes, perfectamente estructuradas y conectadas entre sí, que operaban desde el litoral marroquí hasta las Islas Canarias.

Los agentes que han intervenido en esta investigación pudieron determinar tanto la forma de actuar de estas bandas, los roles desempeñados por sus integrantes, quiénes eran los líderes, las rutas empleadas, los puntos de salida y las cantidades que les cobraban a los migrantes por llevarles en patera hasta España.

Así, averiguaron que los líderes de las organizaciones eran responsables de la llegada de cinco pateras a la isla de Lanzarote y de una sexta a Fuerteventura.

Los investigadores también pudieron esclarecer que la red criminal cobraba a cada migrante una media de 3.000 euros, si bien en un principio solicitaban el pago de 4.000 euros y si no tenían suficientes migrantes para que la patera fuera al completo de su capacidad, bajaban el precio a 2.500 euros.

Con el número de pateras y migrantes trasladados conocidos por los agentes, se ha estimado un beneficio para la organización de más de 600.000 euros.

Una vez reunidas todas las pruebas, para desarticular las organizaciones se diseñó un dispositivo en varias provincias en el que participaron casi 100 agentes de policía, efectuándose tres entradas y registros en los domicilios de los líderes de las organizaciones en la barriada de Sotogrande, de San Roque; Lorquí (Murcia) y Lanzarote (Las Palmas) durante los que se intervinieron numerosos dispositivos de almacenamiento de información así como documentación relativa a las transacciones económicas para costear el viaje en las pateras.

Los ocho arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.