El PSOE de Algeciras ha anunciado que dará traslado a la Fiscalía del Tribunal Supremo diversa documentación para que investigue si existen irregularidades por parte del Ayuntamiento de esta localidad en la contratación de una empresa que presta servicios de vigilancia en diversas dependencias municipales, acusación que el gobierno local ha rechazado.
La secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, ha puesto en duda la legalidad de la contratación de la empresa Garancruz, que sospecha que se ha realizado “al margen de los procedimientos legalmente establecidos”.
En concreto, explica el PSOE en una nota tras la rueda de prensa celebrada hoy, “se ha podido hacer un uso fraudulento de procedimientos administrativos como el de la convalidación, lo que puede estar dando lugar a hechos tipificados por la jurisprudencia como delitos de prevaricación administrativa”.
Explica Arrabal que dicha empresa “presta desde hace años distintos servicios de vigilancia para el Ayuntamiento de forma periódica y para distintas delegaciones municipales, sin que se haya llevado a cabo la correspondiente licitación pública, vulnerándose así la libre concurrencia entre empresas y la igualdad de trato”.
Según ha advertido la secretaria general del PSOE de Algeciras, a la empresa Garancruz se le están abonando facturas por servicios de vigilancia y control en distintas dependencias municipales, como el parking, ya cerrado, Escalinata o el mercado Ingeniero Torroja, “mediante un procedimiento opaco y al margen de la Ley”.
“Lo que se está realizando es un fraccionamiento del gasto, es decir, dividir contratos en prestaciones que podrían constituir por su naturaleza un único contrato, algo prohibido por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que dice textualmente, en su art.99.2, que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía de éste y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda”, abunda.
Por ello, añade Arrabal, esos “presuntos servicios se realizan por debajo de los 18.000 euros, como si correspondieran a un contrato menor, para así encargarlos de una manera directa a la empresa y evitar el procedimiento de adjudicación pública”.
Por su parte, en otra rueda de prensa, la delegada municipal de Hacienda, María Solanes (PP), ha rechazado esta acusación sobre presuntas irregularidades y ha recordado que “toda la documentación se sube a la plataforma de rendición de cuentas del Estado, con los informes del órgano gestor, el informe de convalidación de gastos del interventor municipal y el acuerdo de la junta local de gobierno”, todo ello “con la debida transparencia a la que estamos obligados”.
Añade que la figura de la convalidación “está prevista tanto en la normativa presupuestaria como en las bases de ejecución del presupuesto y resulta plenamente legal”.
Ha explicado que la empresa objeto de la acusación es la “encargada del servicio de controladores de entrada”, servicio que cuenta con “tres presupuestos” y la elección se realiza bajo “criterio técnico”.
Sostiene que el Ayuntamiento trabaja en la redacción de un pliego para aglutinar este servicio en un único expediente (actualmente cada delegación gestiona la contratación de su servicio de vigilancia), pero es “una tarea muy complicada que tenemos que suplir con este tipo de contratos menores”.
Por último, recuerda que estos contratos pasan cada lunes por la comisión municipal de Hacienda, en la que “nunca” se ha producido un voto en contra del PSOE, al que amenaza con llevar a los tribunales por estas acusaciones, y e indica que la empresa Grancruz también está estudiando emprender acciones legales en ese mismo sentido.
