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Jueves 14/11/2024
 

Campo de Gibraltar

PSOE y PP se atrincheran con las sanciones como munición política

Cándida Verdier dice que el PP pedía al PSOE que sancionara cuando estaba en la oposición y el PP pregunta si Verdier quiere que el PP prevarique.

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“El Partido Popular es el menos indicado para hablar de disciplina urbanística, puesto que opina una cosa cuando está en el Gobierno y otra distinta cuando está en la oposición", ha dicho Cándida Verdier, concejala del Grupo Socialista, en relación a las declaraciones efectuadas por el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, en las que afirmaba que el Ayuntamiento de Chiclana “no tiene potestad para paralizar las sanciones urbanísticas”.

En este sentido, la edil socialista ha mostrado su “sorpresa, puesto que hay que recordar que, cuando el PP se encontraba en la oposición, allá por octubre de 2006 y marzo de 2007, llevó al entonces equipo de Gobierno del PSOE a Fiscalía porque decía que no estábamos ejerciendo esa potestad sancionadora”. En concreto, el Partido Popular llevó a Fiscalía 1.770 expedientes disciplinarios en una primera vez y 300 expedientes posteriormente. “Esto fue así porque ellos decían lo contrario de lo que están diciendo ahora, es decir, que el PSOE había paralizado la disciplina urbanística”, ha reiterado Verdier, quien ha aclarado que “el error fue que, a pesar de archivarse esas denuncias contra varios concejales y el alcalde socialistas por ser falso lo que se dijo, provocó una reactivación rápida de los procedimientos de más de 2.000 expedientes disciplinarios”.

“No es de recibo que el equipo de Gobierno actual de la derecha se escude ahora en que es la Junta de Andalucía la que tiene la potestad en esta materia. Eso es absolutamente falso, puesto que la potestad en materia sancionadora, es decir, para incoar un expediente disciplinario y ejecutar las sanciones, la tiene exclusivamente el Ayuntamiento de Chiclana”, ha asegurado la concejala socialista. “Otra cosa diferente es que la ley en la que se base esa sanción sea la Ley del Suelo, que tiene ámbito regional”, ha aclarado.

Por otro lado, Verdier ha declarado que “los señores Núñez y Marín están reculando. Tenían una actitud cuando estaban en la oposición, incluso el actual alcalde llegó a decir en una demolición que ‘bastante tenía ya el propietario para que le pusiéramos una multa’. De esta forma, estando en la oposición, el señor Marín era partidario de perdonar la multa, lo que se trata de un delito. Sin embargo, ahora dicen que las multas no se pueden perdonar”.

Con todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista piden al Gobierno de PP que “se ponga a trabajar para que se puedan, de alguna manera, paliar los efectos de la disciplina urbanística. Cuando nosotros hemos tenido responsabilidades en materia urbanística, hemos trabajado en la posibilidad de reducir la cuantía de esas sanciones, así como de evitar las demoliciones. Todo ello, a través de la ordenanza de las Áreas de Gestión Básica y del planeamiento”. “Seguro que hay modos de solucionar esta situación, como ya se está demostrando en otros municipios”, ha insistido.

“No le pedimos al PP que cometa ningún delito, ni le vamos a llevar a Fiscalía por ello”, ha comentado la edil, quien ha insinuado que, “a lo mejor, tenemos que llevar a Fiscalía al delegado de Urbanismo por denuncia falsa, ya que dijo una cosa hace unos años y ahora dice otra distinta”. “La única manera de buscar una solución pasa por sentarse a hablar con los afectados, técnicos y las administraciones superiores para ver de qué manera se pueden paliar los efectos de la disciplina urbanística”.

Respuesta del Gobierno
El delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, tras las declaraciones de Verdier, exige a la edil socialista que aclare si lo que está pidiendo es que desde el gobierno local se prevarique, se incumpla la ley y se deje de sancionar.

Núñez asegura que “escuchando este tipo de declaraciones, además de sentir vergüenza como chiclanero de que hayamos tenido como delegada de Urbanismo a alguien capaz de realizar este tipo de declaraciones, es comprensible que hayamos llegado a una situación de auténtica crisis social con 40.000 viviendas al margen de planeamiento, con importantes daños al medio ambiente, y con dramas sociales de difícil solución debido a las importantísimas sanciones que se imponen y que vienen determinadas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de carácter autonómico”.

El edil popular acusa al PSOE de “haber perdido el norte, más aún cuando por un lado dice que el Ayuntamiento tiene potestad de no imponer sanciones, y por otro Verdier durante su época como delegada de Urbanismo impuso e incoó multitud de sanciones urbanísticas, que ahora están en vía ejecutiva y provocando embargos”. Por ello, Núñez acusa al PSOE de “querer interpretar al mismo tiempo el papel de pirómano y de bombero”.

Así, para el concejal de urbanismo estas declaraciones de Verdier no son sino “el ejemplo claro de un partido agotado, pasado de rosca y capaz de decir y hacer cualquier cosa con tal de atacar al gobierno de la ciudad. Por ello el edil popular invita al PSOE a trabajar por Chiclana en lugar de decir barbaridades como las dichas por Verdier”.

El edil popular asegura que “la situación urbanística local deviene de la nefasta gestión del PSOE, que llegó a generar la creencia social de que no pasaba absolutamente nada si se incumplía la normativa urbanística. En este sentido el edil popular asegura que “es increíble ver casos en los que propietarios a pesar de haber sido advertidos en varias ocasiones con sus correspondientes paralizaciones de obra, rompían precintos y continuaban la obra, pensando que no pasaba nada. Y esto solo pudo pasar por la negligencia en la gestión del PSOE en materia urbanística”.

Núñez asegura que “el problema de la sanción urbanística es su desorbitada cuantía, determinada en la LOUA y que apenas deja margen de maniobra a la administración local para modular esas sanciones”.

El delegado de Urbanismo “exige responsabilidad y criterio a la hora de hablar de sanciones urbanísticas, ya que en caso contrario lo único que se consigue es mal informar a los afectados, generando confusión y lo que es más grave, provocando que no se defiendan legalmente como debieran”.


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