Martínez defiende la iniciativa popular ante la necesidad de establecer una solución eficaz en un corto plazo de tiempo.
El Partido Popular aboga por que el restablecimiento de la legalidad urbanística debe venir de manos de la Junta de Andalucía, porque hasta ahora, ésta ha derivado la responsabilidad a los ayuntamientos, que en muchos casos no tienen los medios necesarios. La parlamentaria defiende la necesidad de aplicar el sentido común y garantiza que no vamos a demoler 300.000 viviendas en Andalucía, sino que buscamos un procedimiento legal que habilite y dé seguridad jurídica a este tipo de construcciones.
Desde el PP se critica la ineficacia del Gobierno socialista que ha sido incapaz de dar una solución eficaz a un problema que afecta, según dijo el Defensor del Pueblo Andaluz en 2002, a unas 1.000 urbanizaciones y más de 300.000 familias en toda Andalucía.
Al contrario de lo cabría esperar, desde los gobiernos de Chaves y Griñán lo único que se ha hecho es ahogar a los municipios desde el punto de vista urbanístico. Así, en el año 2002, la Junta pone en marcha la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la cual obligaba a los municipios a asumir la responsabilidad de devolver la legalidad urbanística a través de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) antes de enero de 2007. Sin embargo, sólo el 10% de los municipios andaluces pudieron adaptar sus planes a la ley del suelo.
En la provincia de Cádiz, son muchos los municipios que aún tienen sus planes generales sin aprobar de manera definitiva, por lo que se carece de marco legal para desarrollar el procedimiento regularizador. Y por si fuera poco, la Junta de Andalucía no ha hecho más que poner trabas a los redactores de los PGOU.
Finalmente, a escasas fechas de las elecciones autonómicas del 25 de marzo, el Gobierno andaluz del PSOE ha sacado un decreto, aprobado el 30 de enero, que no aporta solución ninguna a la necesidad de miles de viviendas andaluzas y gaditanas, pues vuelve a condicionar la solución por la vía de los PGOU. Es decir, diez años después, estamos en el mismo sitio en el que empezamos, por lo que no queda lugar a dudas de que el decreto es electoralista, pues no va a resolver nada.