Según el edil de urbanismo, en la redacción del nuevo documento de planeamiento “nos encontramos con unas limitaciones surgidas por la normativa planteadas con posterioridad a la aprobación del anterior PGOU, hoy anulado, como es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Este documento autonómico establece como límite el 40% del suelo urbano existente ni crecimientos poblacionales superiores al 30%”.
En cuanto al primer límite, y partiendo de la consideración del suelo urbano establecido en las Normas Sustantivas, “no lo rebasaríamos, si bien en cuanto al 30% de crecimiento poblacional, estaría situado en el caso concreto del municipio chiclanero en aproximadamente entre 9.000 y 10.000 nuevas viviendas”.
A este respecto, desde la Delegación de Urbanismo se está ultimando las cifras concretas de la mano de la Junta de Andalucía y, en concreto, de la Secretaría de Ordenación del Territorio, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. En este sentido, las conversaciones rondan en torno a qué nuevos crecimientos no computarán dentro de esas 10.000 viviendas nuevas permitidas, reconociéndose las viviendas existentes edificadas, aun de forma irregular, tanto en suelo urbano no consolidado como urbanizable, “lo que permitiría aumentar la cifra real de nuevas viviendas, más allá de la cantidad antes anunciada”.
Asimismo, teniendo en cuenta la obligación legal de reserva del 30% de vivienda de protección oficial marcada por la Ley y teniendo en cuenta la especialidad de las zonas de área de gestión básica y la dificultad de plantear estas viviendas en dichos ámbitos, “resulta que aproximadamente deberán trasladarse unas 1.000 viviendas de VPO, que deberían edificarse en ámbitos de AGB a otras zonas, trabajándose en la actualidad de cara a aumentar la vialibidad del desarrollo de los ámbitos que tienen que asumir ese déficit, generando una oferta diversificada y adecuada al mercado inmobiliario actual”.