CSIF pone en conocimiento del Defensor del Pueblo la insostenible situación que sufren los empleados públicos del Ayuntamiento de Los Barrios
CSIF solicita que realice las gestiones necesarias, ante la crítica situación por los impagos de las nóminas, las evidentes discriminaciones y desigualdades que tienen que soportar los trabajadores, donde varios concejales de diversos colores políticos “se salvan de la quema”, garantizándose de forma puntual sus emolumentos desde entes públicos como la Mancomunidad o la Diputación
La institución del Defensor del Pueblo está creada para la protección de los derechos y las libertades, y por ello CSIF ha solicitado formalmente su ayuda para tratar de resolver los problemas y conflictos que vienen surgiendo entre los trabajadores y el Ayuntamiento de Los Barrios, desde que entró a gobernar el Partido Andalucista, con el alcalde Jorge Romero a la cabeza. Romero es el principal responsable de todas las barbaridades que se han llevado a cabo tras el trazo de una hoja de ruta errónea, la cual podemos enmarcar fuera de nuestro marco jurídico normativo y cuyas consecuencias desgraciadamente las pagarán los 23.000 habitantes del pueblo barreño.
Estos efectos negativos en contra de la ciudadanía no se producirían si el alcalde “dejara de jugar con pólvora ajena”, ya que se ha demostrado que cuando le toca pagar de su bolsillo, acata rápidamente lo sentenciado por la justicia.
En el escrito presentado al Defensor del Pueblo, José Chamizo, se detallan las malas formas en cuanto a destrucción de empleo se refiere y en las que se han llevado a cabo determinados recortes salariales, así como los terribles gastos que tendrán que soportar las arcas municipales por la desastrosa gestión del alcalde barreño y su equipo de Gobierno.
También hemos pedido ayuda al Defensor del Pueblo con motivo de la falta de transparencia e información, ya que Romero no atiende a las solicitudes de información que se han presentado por registro de entrada, donde se solicita determinada información que podrían suponer pruebas evidentes de la comisión de un presunto delito de prevaricación, por haberse decretado el pago de facturas a determinados proveedores en cuyos expedientes constan informes de intervención informando de presuntas irregularidades al respecto, dejándose a un lado el pago de las nóminas de los empleados públicos, suponiendo este montante una partida que goza de prioridad en cuanto al orden de pagos establecido en la Ley de Haciendas locales.
CSIF quiere recordar al alcalde que los recortes en derechos sociales y económicos que ha aplicado a los trabajadores engañando y abusando claramente de una situación de necesidad, podrían ser constitutivos de ilícitos penales y podrían ser castigados con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
La destrucción ilegal de empleo, excesivos recortes que no se ajustan a derecho y malas gestiones que generan pocos recursos al Ayuntamiento, todo ello junto con los brutales efectos peyorativos para la economía barreña y sin dejar a un lado las imputaciones por presuntos hechos delictivos que se sustanciarán en un futuro próximo, son las consecuencias de la hoja de ruta del alcalde de Los Barrios.