Diputación ha conseguido agrupar un fondo extraordinario de 5.460.000 euros que se distribuye, en anticipos reintegrables, en ocho Ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Las transferencias ya se han hecho efectivas conforme al siguiente desglose: La Línea percibirá 1,3 millones de euros; Puerto Real 1,5 millones; Sanlúcar, un millón; Trebujena, 100.000 euros; Puerto Serrano, 200.000 euros; Los Barrios, 500.000 euros; Barbate, 560.000 euros; y Villamartín, 300.000 euros. Los Ayuntamientos destinatarios tienen encomendada la gestión de sus tributos al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, y amortizarán los anticipos en función de planes de viabilidad particulares. Los fondos permitirán el pago de nóminas al personal municipal, así como gasto corriente.
Los detalles de esta operación de asistencia económica han sido ofrecidos por el presidente de Diputación, José Loaiza, junto al responsable del área de Hacienda, Recaudación y Contratación en la institución provincial, Juan Antonio Liaño. Loaiza ha valorado un procedimiento que no hace distinciones en función de los partidos políticos que gobiernan en cada entidad local. “Todos merecen el mismo tratamiento”, siendo la situación económica de cada administración el elemento decisivo para la asignación de estos créditos.
En noviembre Diputación ya resolvió la concesión de anticipos extraordinarios convocados en el nuevo Proyecto de Ayuda de Impacto a Municipios (PAIM). Este programa distribuyó 2´2 millones de euros entre los Ayuntamientos de Los Barrios (900.000 euros), Barbate (869.454’91 euros) y Prado del Rey (434.545,09). Tras esta resolución también se atendió la solicitud de 950.000 euros demandada desde el consistorio de La Línea. Con los nuevos créditos anunciados la vía de anticipos extraordinarios –sumando los recursos del PAIM- ronda los 8 millones de euros.
Con independencia de estas operaciones, Diputación ha presupuestado para el próximo ejercicio 80 millones de euros como anticipos ordinarios destinados a los Ayuntamientos concertados con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. Esa dotación se canaliza en transferencias mensuales; es decir, en liquidez para que los Ayuntamientos afronten sus respectivas obligaciones.
En su comparecencia ante los medios de comunicación Loaiza ha defendido la fiabilidad de los programas de empleo emprendidos desde la Diputación. El próximo año se empezará a aplicar un plan que aúna formación especializada y prácticas en empresas en el que participarán casi 1.800 personas desempleadas. En su primer año de vigencia se invertirán 7´3 millones de euros en los 44 municipios de la provincia de Cádiz, que permitirán la retribución de becas mensuales a los participantes y sostener el trabajo de un equipo técnico de 258 profesionales.
El presidente de Diputación ha recordado algunas de las referencias del Marco Estratégico, con vigencia hasta 2015, donde confluyen las diferentes iniciativas diseñadas para crear empleo desde la institución provincial: el programa de micro-créditos, los planes de modernización de espacios comerciales y áreas industriales, así como los incentivos a autónomos conforme a medidas consensuadas con las organizaciones empresariales.
Con este recordatorio Loaiza replicaba las declaraciones de la diputada provincial socialista, Irene García, quien aludió a estos programas de Diputación como “planes fantasma”. José Loaiza recuerda que es la Junta de Andalucía la administración competente en materia de empleo y, sin embargo, sus políticas al respecto “son sólo humo” y expectativas que nunca se cumplen: referencias como el Memta, el Proteja “que sólo sirvió para crea empleo precario”, las dos ediciones del plan OLA, o el Plan Forestal “que no se sabe dónde está”. Las manifestaciones de Irene García y su falta de pujanza “ante sus compañeros de la Junta” acreditan, en opinión de Loaiza, “que el cargo le viene grande”.
El presidente de Diputación también lamenta la suspensión de las escuelas taller, “que la Junta no paga”, y que ha consumado “un año perdido de políticas activas de empleo”, así como la “disolución” de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico.