La Comisión Europea ha precisado este jueves que el mandato de la misión de expertos que la UE enviará a Gibraltar -que todavía no tiene fecha por el desacuerdo entre Bruselas y Madrid- se limitará a "cuestiones de frontera", como los controles fronterizos impuestos por España o el contrabando, y no abordará el lanzamiento de bloques de hormigón por parte del Peñón.
Bruselas alega que la cuestión de los bloques, que impiden faenar a la flota española, ya está siendo examinando aparte a raíz de la denuncia presentada por las autoridades españolas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo dijo el lunes que "aquí, o se investiga todo y lo de todos o no vienen a nada".
"El mandato de la misión es muy claro y centrado en cuestiones fronterizas", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly. La Comisión, ha proseguido, "está dispuesta a ayudar en lo que considera un problema bilateral entre dos Estados miembros de la UE y estamos dispuestos a aportar nuestro conocimiento, a ir sobre el terreno e incluso a examinar cuestiones más amplias". Pero sólo de forma "legalmente factible según el Tratado".
"El problema medioambiental lo examinaremos, de hecho ya lo estamos examinando, mediante la evaluación de la queja recibida de las autoridades españolas en julio", ha apuntado Bailly. "La Comisión ya está trabajando en esta queja y no está intentando escapar de su responsabilidad", ha insistido.
De hecho, el Ejecutivo comunitario envió una carta el pasado lunes a las autoridades españolas en la que les reclama que aporten más "detalles concretos" sobre su denuncia medioambiental. Por lo que se refiere al calendario, Bruselas se ha limitado a señalar que "siguen las discusiones entre la Comisión y las autoridades españolas para fijar una fecha".
El Gobierno continúa insistiendo que los expertos se ocupen también del lanzamiento de los bloques de hormigón al mar pese a las garantías ofrecidas por Bruselas, según han señalado fuentes comunitarias. En cambio, España empieza a desistir de que la misión aborde también la cuestión del fraude fiscal al aceptar el argumento de la Comisión de que no es el foro adecuado.
El envío de la misión fue solicitado en agosto por el primer ministro británico, David Cameron, a raíz de los controles fronterizos introducidos por España en el Peñón. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la aceptó en una conversación telefónica con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, pero pidió que se ampliara su mandato.