El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Roque, Jesús Mayoral, ha sido sancionado administrativamente por la Guardia Civil tras dar positivo en un control de alcoholemia.
La prueba se llevó a cabo, según pudo saber este diario de fuentes solventes, en la noche del 2 al 3 de agosto, durante la celebración de las fiestas de San Enrique de Guadiaro. El edil habría dado positivo, en base a estas informaciones, tanto en la primera prueba que se le realizó como en la que se le practicó pasadas dos horas del primer control.
Si bien las fuentes no precisaron el índice exacto de alcohol por aire aspirado que presentaba el edil al ser parado por los agentes, este diario pudo saber que la cantidad era suficiente para que el portavoz del Partido Independiente del Valle de Guadiaro (PIVG) fuese objeto de una sanción administrativa, pero no para alcanzar el límite establecido para ser considerado delito contra la seguridad del tráfico.
Como resultado del positivo por alcoholemia, y atendiendo al catálogo de sanciones actual, Mayoral se enfrenta a una multa que sería de 500 euros (reducida a 250 por pronto pago) y, en este caso, a la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.
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Este diario se puso en contacto con Mayoral para conocer su opinión sobre los hechos, pero rehusó efectuar declaraciones oficiales al respecto. En cualquier caso, el edil reconoció estar bastante molesto porque en los últimos días le han abordado en varias ocasiones con preguntas relacionadas con el citado control.
Se trata de la segunda ocasión en que un concejal del equipo de gobierno sanroqueño, dirigido por el alcalde socialista Juan Carlos Ruiz Boix, resulta sancionado tras la realización de un control de alcoholemia.
En octubre de 2011, el edil Carlos Bezares fue acusado por policías locales por negarse a realizarse el citado control, razón por la que acabó dimitiendo de su cargo pasados unos días. Finalmente, el caso terminó con la condena del edil a cuatro meses de prisión, 60 días de trabajos para la comunidad y la retirada del carné de conducir durante los siguientes 16 meses. En el momento de producirse aquella polémica, los dos socios de Ruiz Boix en el equipo de gobierno, tanto en el caso del PIVG como del PA, manifestaban encontrarse “incómodos con la situación”.
Sin embargo, incidió en que “en ningún caso” se iban a plantear pedir la dimisión del edil, aludiendo a que el acta de edil “es personal y la decisión de renunciar le corresponde a él”.
Además de este problema relacionado con desobediencia a la autoridad, otro edil del PSOE, Juan José Puerta –ahora enfrentado con Ruiz Boix y que ha tumbado en el pleno propuestas de su propio partido aprovechando el mantenimiento de su acta de concejal- fue sancionado por miccionar en la calle durante la Feria de San Roque de aquel mismo 2011.
La sanción a la que se enfrentaría Mayoral por dar positivo en un control de alcoholemia habría sido mayor si ésta se hubiese producido después de que el Gobierno apruebe los cambios previstos en el anteproyecto de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, y que previsiblemente aumentarán la imposición económica de 500 a mil euros. Hay que incidir en que no se tiene constancia de una actitud no colaboradora del edil ni de que el índice de alcohol llegase a la consideración de delito.