El alcalde socialista de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha sido declarado imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Roque tras la denuncia presentada por un vecino de la localidad, M.A.V.R., al que no dejó grabar el Pleno del pasado 27 de febrero.
El primer edil expulsó entonces al denunciante, que intentaba grabar la sesión con un teléfono móvil, y ordenó el desalojo del salón de plenos por las continuas intervenciones de los policías presentes que, de paisano, interrumpían las palabras del delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez. Otro asistente fue expulsado por criticar duramente al mismo edil.
Aquel día, los representantes del PP y de USR abandonaron la sala en protesta por cómo estaba dirigiendo el pleno el alcalde. Se dio la paradoja de que se discutió una moción de urgencia que había presentado el PP sin la presencia de los ediles de dicho grupo.
Indicios de delito
La titular de la sala de Instancia e Instrucción señala en los razonamientos jurídicos de su auto que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
El auto, emitido el 20 de agosto de este año y que ha sido recientemente comunicado a las partes, insta a que se incoen diligencias previas y se reciba “declaración al denunciante en calidad de perjudicado” con “ofrecimiento de acciones”, así como del denunciado “en calidad de imputado” con instrucción de sus derechos y asistencia letrada.
Ruiz Boix tenía desde el momento de emitirse el auto judicial de la sala sanroqueña un plazo de tres días para presentar recurso de reforma ante esta decisión judicial, así como otro plazo para la presentación de un recurso de apelación, en este caso de cinco días.
