Uno de los concurrentes al proceso concursal del servicio de monitores de la Universidad Popular expresó ayer su malestar al detectar supuestas irregularidades y pedirán la suspensión de los talleres, sin descartar acciones penales.
El licitador indica que alegaron al apreciar “errores” y “contradicciones” en los pliegos que podían derivar en la nulidad, y que “imposibilitaban elaborar una oferta económica adecuada”.
Pese a que el plazo límite para estimar o desestimar finalizaba dos días después, no recibieron respuesta hasta el 14 de agosto. Así, se vieron obligados a presentar la candidatura, con fecha límite 24 de julio, sin respuesta, lo que les hace sospechar que el proceso “estaba viciado”.
El licitador afirma que al desestimar se actuó con “alevosía y premeditación” ya que se hace referencia a que el que interpuso las alegaciones era parte integrante del equipo programado en la oferta, lo que demostraría “que se abrió el sobre A antes de contestar a las alegaciones”.
Añaden que la desestimación “está firmada por la secretaria accidental” y no por la titular, que, a fecha de 24 de julio “no estaba de vacaciones”. Además, afirman que obviaron “un informe de certificación de consignación presupuestaria” emitido antes de la publicación del pliego, en la misma línea de las alegaciones.