La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado este martes que la finca La Almoraima, ubicada en el municipio gaditano de Castellar de la Frontera, no ha estado siempre en manos públicas y lo que el Gobierno central ve "lógico" para que "repercuta en los españoles y los andaluces" es enajenarla teniendo en cuenta que "no cabe especulación posible".
En declaraciones a los periodistas durante la visita a la Oficina Integral de la Seguridad Social, en Sevilla, Crespo ha recordado que esta finca fue expropiada en 1983 a Rumasa y la enajenación mantendrá el uso de suelo que actualmente tiene, que permite un desarrollo sostenible del mismo. "No cabe especulación posible", ha destacado.
La delegada del Gobierno en Andalucía ha apuntado que la venta trae "cuestiones positivas a España y a Andalucía" como un desarrollo sostenible en la zona, además de recaudar para las arcas públicas, algo que "repercute en los andaluces y españoles".
En este sentido, ha pedido a la Junta de Andalucía que explique "por qué quiere frenar ese desarrollo" y más "cuando hace mucha falta ese desarrollo".
Por último, ha considerado que la consejera del ramo andaluza, María Jesús Serrano, está dando razones "políticas y confrontación" con el Gobierno y "no razones lógicas", al mismo tiempo que ha advertido de que "si la Junta tiene una pretensión adicional sobre la finca, puede negociar también con el Gobierno y pretender que se venda a la Junta si tiene algún desarrollo establecido".