El alcalde de Castellar, Juan Casanova (IU), le ha tocado sortear uno de los mayores y más particulares envites de cualquier regidor municipal: la decisión del Gobierno español de vender la finca La Almoraima. Casanova, con los pies en el suelo, huye de los cantos de sirena tanto del Gobierno del PP como de los de la Junta de Andalucía del PSOE, y aboga por una titularidad pública de la finca que garantice riqueza y empleo a corto y largo plazo para los ciudadanos de Castellar.

—¿Qué sensación tiene el alcalde de Castellar después de tanta polémica en torno a la posible venta de la finca La Almoraima?
—Una sensación de abandono. Estamos viendo como dos administraciones, el Gobierno español y la Junta de Andalucía, están tomando decisiones e iniciativas que nos afectan directamente sin contar con los ciudadanos de Castellar para nada. Las dos han tomado decisiones unilaterales, sin sentarse a hablarlo antes con nosotros, y tanto nos perjudica lo que está haciendo el Gobierno español como la Junta. Tanto la decisión de poner a la venta la finca como la ampliar el Parque Natural nos perjudica y bastante a los ciudadanos y al municipio de Castellar.

—Sobre la decisión del Gobierno de poner a la venta La Almoraima y dentro del debate de gestión pública o privada, ¿cuál es la opinión del alcalde de Castellar?
—Evidentemente estoy totalmente en contra de la venta de la finca La Almoraima, porque considero que la finca debería ser pública aunque dejando puertas abiertas para concesiones de gestión privadas en algunos sectores. Reconozco que la potestad de la finca es del Estado, que es dueño de la tierra, pero debe tener en cuenta también que es lo mejor para los ciudadanos de Castellar y ahora mismo eso no se está teniendo en cuenta. Lo mejor para el pueblo de Castellar es no vender la finca y continuar siendo privada.

—¿Cuál es el modelo de gestión que el alcalde considera es el idóneo para la finca?
—De titularidad pública y combinando una gestión pública con una privada, dando concesiones de explotación, de 25 a 40 años por ejemplo, en ciertas zonas o sectores de producción a la gestión privada. Creo que es la fórmula para que sea pública y al mismo tiempo se pueda crear riqueza y puestos de trabajo. 
El ejemplo de la planta de biomasa es el más claro; o incluso un hotel de cinco estrellas que sea totalmente respetuoso con el medio ambiente. Estamos hablando de una especie de empresa de gestión mixta, público-privada.
Nosotros apostamos por una diversificación de la actividad económica. Tenemos una gran riqueza forestal, agrícola, ganadora, paisajística y buena climatología, por lo que creemos que nuestro desarrollo tiene que diversificarse en todos estos aspectos siempre íntimamente ligado al respeto del medio ambiente. Creemos que es un error basarlo todo en el turismo de élite, porque es un sector que es caprichoso y que no garantiza una continuidad a largo plazo.

—Los que defienden la venta de la finca a la gestión privada ponen como ejemplo de la ineficacia pública la finca Majarambú, que actualmente es pública pero que apenas recibe inversiones.
—Sí, actualmente la Junta nos ha comunicado que no hay presupuestos para realizar las inversiones que serían las idóneas. De ahí, que nuestro proyecto de desarrollo se basa precisamente en combinar la titularidad pública con concesiones privadas.

—El Ayuntamiento ha archivado el Plan Especial de Usos propuesto por la gerencia de La Almoraima, decisión que ha eliminado de raíz el proyecto urbanístico-turístico de hotel, aeródromo y campos de golf y polo. ¿Por qué el Ayuntamiento lo ha rechazado?
—Es un ejemplo más de que el Gobierno no tiene en cuenta al pueblo de Castellar. Elaboró un Plan de Usos que afecta al 80% del terreno urbanizable de Castellar y ni siquiera consulta con el Ayuntamiento. En primer lugar, aunque agradecimos el proyecto no nos gustó de inicio porque no dejaba espacio para la diversificación del desarrollo productivo, solo basaba la producción en el turismo de élite.
Luego nos enteramos que ese plan estaba pensando para vender la finca, y eso nos enojó bastante, porque no nos contaron la verdad de inicio. Y a nosotros no nos interesa vender.
Y finalmente, yo como alcalde me tengo que regir por la legalidad y el Plan de Usos no cumple lo estipulado por la ley, porque el informe que han realizado los técnicos del Ayuntamiento ha sido desfavorable. Yo estoy obligado a decir no al Plan de Usos porque si no caería en prevaricación; de igual forma, si los técnicos lo hubieran aprobado yo estaría obligado a aprobarlo también por la misma razón.
—¿Cuáles son las razones técnicas del rechazo al Plan Especial de Usos de La Almoraima?
—Son tres. No hay impacto medioambiental, y aunque la gerencia de la finca diga que no hace falta, la ley dice que sí. En cuanto al aeródromo, en el PGOU de Castellar no se contempla esa posibilidad. Y finalmente, tampoco deja claro quien es la figura urbanística de referencia. Era imposible aprobarlo y estábamos obligado a rechazarlo.
Es cierto que un posible comprador podría retomarlo, rehacerlo y volver a presentar, pero siempre dentro de la normativa.
Por otra parte, es incierto que el Ayuntamiento pierda muchísimos ingresos por rechazar este plan. Hay que recordar que la venta de La Almoraima por ley no genera plusvalía. No hay ingresos por esa venta de 300 millones ni el Gobierno nos garantiza ninguna inversión.

—Usted ha mantenido varias reuniones con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, responsable de la puesta en venta de la finca. ¿Cuáles son sus reivindicaciones?
—Aparte de mostrarle mi enojo por las decisiones que se han tomado sin contar con el Ayuntamiento, nuestra petición es por una parte recibir compensaciones por sufrir este perjuicio y  por otra que el Estado obligue si finalmente se vende la finca al comprador a hacer esas inversiones y en unos plazos concretos; pero eso el Gobierno no nos lo garantiza. También solicitamos al Gobierno que si finalmente se vende se reinvierta parte de esos 300 millones de euros en el municipio de Castellar. Aquí hay una tasa de paro del 40%, familias que lo están pasando mal y si se genera esa venta millonaria el pueblo de Castellar debe recibir una parte y compensaciones.

—Al respecto de esta garantía de inversión, esta semana la actriz mexicana Salma Hayek y su marido el multimillonario francés Henri Pinault han anunciado su interés por La Almoraima; igualmente, la gerencia de la finca también ha anunciado que existe al menos diez potenciales compradores. ¿Qué le parece tener a Hayek como vecina?
—Que La Almoraima la compre Salma Hayek es lo peor que podría pasar. Es precisamente el tipo de comprador que más daño haría al municipio. Porque se trata de un particular que sólo querría la finca para su uso personal, y que no invertiría en nada en el proyecto turístico; es decir, de lo peor que puede pasar, de quedar la finca en manos privadas, sería lo más malo. Esa es la garantía que le proponemos al ministro, que si vende la finca al menos que el comprador garantice que va a hacer las inversiones que supuestamente van a crear riqueza y empleo.

—Usted también está en desacuerdo con la Junta de Andalucía a la hora de decidir ampliar los límites del Parque Natural de Los Alcornocales?
—Porque la Junta de Andalucía ha actuado igual que el Gobierno de España, ha tomado una decisión que afecta muchísimo al municipio de Castellar sin consultar para nada con Castellar.
Y ampliar el Parque Natural perjudica muchísimo a nuestro municipio porque prácticamente nos impide ya cualquier proyecto urbanístico o empresarial, por muy pequeño que sea, que se quiera hacer en estas tierras; por ejemplo, ni siquiera un camping se podría instalar en terrenos del Parque Natural. Que todo el terreno sea Parque Natural limita totalmente el desarrollo del municipio. Sí, es verdad que frena totalmente un proyecto especulativo dentro de La Almoraima, pero deja al municipio sin futuro ninguno. ¿Y qué recibe Castellar a cambio?: Nada.

—¿Cuál es la propuesta del Ayuntamiento a la Junta respecto a esta ampliación del Parque?
—Queremos por una parte que se permita unos usos permitidos, sobre todo de explotación forestal, agrícola y ganadera; y por otra parte, el pueblo de Castellar debe recibir compensaciones por esta ampliación. Inversiones y financiación para proyectos de una industria de transformación forestal y agrícola, o talleres de empleo agroecológico, por ejemplo, es decir recibir compensaciones por esta decisión que nos limita mucho nuestro desarrollo. También va a haber alegaciones a que zona pertenece al Parque y cuales no.

—¿Qué opina que la Junta declare a la finca Almoraima como monte de dominio público?
—Es una potestad que tiene la Junta y yo no creo que sea ilegal como dice la gerente de la finca, Isabel Ugalde, ya que La Almoraima pertenece al Estado aunque la gestione un ente privado. Sobre la declaración de dominio público a mí no me desagrada, porque tiene menos restricciones que ser un parque natural. Ahí está por ejemplo Sierra Nevada, donde se permite actividades de desarrollo industrial y empresarial relacionados con el entorno. Ese sería un buen ejemplo para La Almoraima.

—¿Qué opina de que la venta de La Almoraima se haya convertido poco a poco en una confrontación política entre PP y PSOE?
—Desgraciadamente es lo que suele pasar siempre. Se pelean los más grandes entre ellos y al final los que salimos perjudicados somos los más pequeños. PP y PSOE están más mirando por sus intereses que por el del pueblo de Castellar; ahora mismo somos los más perjudicados por esta confrontación, por eso pedimos al menos que recibamos una compensación por el daño que vamos a recibir, ya que tanto elproyecto de uno como de otro es perjudicial para el Ayuntamiento de Castellar.

—¿Qué piensa el ciudadano de a pie de Castellar, está a favor o en contra de la venta  de La Almoraima?
—El pueblo lo que quiera ahora es empleo y lo que quiere es que se gestione todo bien para conseguir ese empleo estable. Y yo como alcalde tengo que velar para conseguir esos objetivos. Ahora mismo el PP está vendiendo la venta como generadora de empleo, pero a nuestro juicio esto no es una certeza, es una hipótesis que se podría cumplir o no; porque el Estado vende y luego se va y los problemas se quedarán aquí. De nada vale vender la finca si luego no se crea empleo; así que el Ayuntamiento tiene que luchar por conseguir lo mejor; y ahora mismo ni el Gobierno de España ni la Junta de Andalucía no nos garantiza nada. Así, que el ciudadano nos apoya porque sabe que estamos haciendo para lo mejor para Castellar; hemos creado la Plataforma Almoraima Pública, que tiene un amplio seguimiento de muchísimos sectores de la población.