Esta semana ha llegado al Ayuntamiento el cuarto auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras la sentencia dictada en 2004, y ratificada por el Tribunal Supremo, que daba la razón a la empresa Sotogolf señalando que Werh (la sociedad que en 2002 ganó el concurso de adjudicación de la parcela TG22 para la construcción de plazas hoteleras y residenciales) habría incumplido las bases del concurso y que no había aportado los balances económicos de los tres últimos años.
La Justicia, según insistían ayer tanto el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, como el portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, ha dado siempre la razón sobre la “ilegalidad de la adjudicación”. El problema radica, según el edil de Hacienda, en que “a todos los autos que el TSJA dicta, ambas empresas presentan recursos”, y según añade el alcalde, “el proceso se ha alargado en el tiempo”. Es más, teme que el nuevo auto, que “en estos momentos estudia el personal municipal para confeccionar un informe jurídico y llevarlo a pleno, vuelva a ser recurrido por las dos partes”.
Mayoral
A Mayoral le preocupa mucho el tema económico en relación a este caso. Es consciente de que el Ayuntamiento debe ejecutar la sentencia, pero “no sabemos cómo hacerlo. Y puede costarle al Ayuntamiento desde cero euros hasta 15 millones si hubiera que indemnizar a la primera adjudicataria”.
Desde la Plataforma Vecinal Calle de la Iglesia y de la Torre han presentado esta semana un par de escritos por Registro de Entrada del Ayuntamiento en los que exponen su intención de presentar alegaciones al proyecto, pues defienden que lo que se debe construir en la zona es un paseo marítimo.
