El caso desvelado por VIVA CAMPO DE GIBRALTAR a finales del mes de julio, de una joven que se plantó en la puerta de la perrera de Los Barrios para protestar por el trato recibido por su perro Yaki ha dado sus frutos policiales.  La Guardia Civil ha imputado a cuatro personas por practicar la eutanasia a animales incumpliendo los requisitos legales.
Según informó en un comunicado el instituto armado, la investigación se inició a raíz de la protesta por la citada mascota, que habían hallado en la playa de El Rinconcillo, en Algeciras.
Durante la investigación, los agentes averiguaron que el perro había sido sacrificado al día siguiente de su entrada en las instalaciones de la empresa de control zoosanitaria.
De este modo, se destapaba un cúmulo de supuestas mentiras que había recibido de parte de la perrera, ya que afirmaba que le habían comunicado que la habían dado en adopción, después de que ella no pudiese abonar los 50 euros que le pedían por retirarla.
Consultados en su momento los responsables del centro, aseveraban a este diario que el perro llevaba tres días vagando por la playa del Rinconcillo, lleno de parásitos, con un ojo malo y mal cuidado. Habían indicado también a este medio que se lo habían dado a una familia de Mijas, en lugar de reconocer que lo habían sacrificado.
Presuntas irregularidades
Los investigadores del Seprona inspeccionaron las instalaciones y detectaron posibles infracciones penales, al comprobar que “se realizaba la eutanasia a animales sin cumplir los requisitos exigibles para su sacrificio, falsificando el libro de entrada y salidas de animales y confeccionando documentos que no se habían producido como revisiones veterinarias”.
Para ello, según el instituto armado, contaban con una veterinaria que sacrificaba a los animales y firmaba fichas clínicas con revisiones que no había efectuado y con trabajadores del centro que realizaban el sellado de revisiones veterinarias, sin estar autorizados para ello.
Los animales eran recogidos de la vía pública bien por abandono o por pérdida por una empresa de control zoosanitario que tiene concertados los servicios con ayuntamientos de los diferentes municipios del Campo de Gibraltar.
Los animales deben pasar diez días en las instalaciones antes de ser sacrificados si se encuentra a sus dueños o no son adoptados, una normativa que esta perrera incumplía, según la Guardia Civil, ya que los sacrificios se producían al día siguiente de la entrada falsificando la documentación.
Están imputadas la veterinaria y dos trabajadores del centro por presuntos delitos de maltrato animal y falsedad documental, y una cuarta persona, ajena al centro, por delito de intrusismo laboral, al realizar la eutanasia de los animales careciendo de la titulación exigible.
Satisfecha
Manme Ponce, la dueña del perro sacrificado, expresó ayer su satisfacción a este medio por las imputaciones.
Ponce, amante de los animales que además tiene otro perro, un gato y varios cobayas, rechaza las afirmaciones de la perrera de que tenía descuidado al perro, que tuvo durante nueve años, afirmando que tiene testigos.
Añade que, además, no se pudo incinerar al perro hasta finales de agosto al no contar con la correspondiente certificación.
Este diario se puso en contacto con una representante de la empresa Control Zoosanitario, que supuestamente trasladó al animal, para recabar su versión. Tras ser informados de que la persona responsable de atender a los medios no estaba disponible, se comunicó que el gerente de la compañía se pondría en contacto con el periódico. Hasta el momento no ha habido nueva comunicación al respecto.
