“El hoy alcalde de Los Barrios no tiene hoy ni pajolera idea sobre legislación social y, a lo que se ve, quienes le asesoran tampoco, pero, aun así, se atreve a dar lecciones a diestro y siniestro con la soberbia que acostumbra”, afirman los representantes de los trabajadores. “Nos preguntamos si todo lo que demuestra saber sobre derecho laboral lo aprendió gracias al curso puente de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o en algunos de los cursillos de la FEMP”, ironiza el colectivo.
La Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento de Los Barrios califica de “ridícula, bochornosa e impresentable” la respuesta dada por el alcalde, Jorge Romero, ante el auto dictado por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras que obliga a la institución municipal a abonar los salarios de tramitación a 33 de los trabajadores cuyas plazas fueron amortizadas en febrero de 2012.
“No nos sorprende la reacción del señor Romero, sus salidas de tono, sus insultos y sus insinuaciones dirigidas incluso contra la propia autoridad judicial, pero sí que nos indignan y nos avergüenzan”, señalan desde el grupo de afectados por los despidos de hace algo más de dos años y medio.
“El hoy alcalde de Los Barrios no tiene hoy ni pajolera idea sobre legislación social y, a lo que se ve, quienes le asesoran tampoco, pero, aun así, se atreve a dar lecciones a diestro y siniestro con la soberbia que acostumbra”, afirman los representantes de los trabajadores despedidos. “Nos preguntamos si todo lo que demuestra saber sobre derecho laboral lo aprendió gracias al curso puente de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o en algunos de los cursillos de la FEMP”, ironiza el colectivo.
La Plataforma recomienda al primer edil barreño “que se lea el artículo 113, por un lado, y los artículos 297 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción de lo Social y la jurisprudencia sentada tanto por el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo respecto a las ejecuciones provisionales de sentencia”.
“Lejos de ser una triquiñuela, como afirma insidiosamente el alcalde de Los Barrios, en la jurisdicción de lo social la ejecución provisional de la sentencia de instancia es un derecho que ampara al trabajador y debe cumplirse, aun en el caso de que dicha sentencia haya sido revocada por el TSJA o una instancia superior”, explican los despedidos.
El colectivo anuncia, por último, que no descarta querellarse contra Jorge Romero, así como emprender otras acciones legales que estime oportunas.