El grupo de trabajo constituido en el seno del Gobierno andaluz para analizar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha propuesto reforzar la promoción turística y agroalimentaria y atraer inversiones con el objetivo de minimizar el "Brexit".
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha expuesto hoy en comisión parlamentaria las conclusiones del grupo de trabajo, que ha presentado además varias opciones relacionadas con la protección sanitaria.
Ha destacado que el impacto que la salida del Reino Unido de la UE puede tener sobre el PIB de Andalucía podría reducirse entre el 0,3 % y el 0,6 % en términos anuales, en el corto y medio plazo, según las estimaciones del grupo de trabajo de la Junta.
La Junta apuesta por reforzar las actuaciones para atraer hacia Andalucía posibles deslocalizaciones industriales que se produzcan en el Reino Unido como consecuencia del Brexit (en sectores como los del automóvil, aeronáutico, TIC o biotecnológico)
Además de reforzar las exportaciones andaluzas en el Reino Unido y potenciar la Oficina de Promoción de Negocios de Londres, el Gobierno andaluz apuesta por la promoción del destino turístico Andalucía con la búsqueda de nuevos nichos de mercado y la captación de un segmento de turistas británicos más jóvenes.
También ha señalado la necesidad de que el Gobierno nacional articule junto con el resto de administraciones un "Plan Integral de Actuaciones de Dinamización socioeconómicas para el Campo de Gibraltar", con partidas incluidas en los próximos presupuestos, dada la especial incidencia del Brexit en la comarca.
El documento propone estudiar un Plan de Bonificaciones y Subvenciones que acompañen a los nuevos desempleados, si los hubiera, procedentes de empleos en Gibraltar y un Plan de Incentivos Empresariales que permita mayores atractivos a las empresas que decidan instalarse en el Campo de Gibraltar.
Junto a ello se apuesta por un convenio específico en materia sanitaria para los residentes en Gibraltar, además de urgir al Gobierno central a prestar una especial consideración a los posibles controles añadidos que pudieran establecerse sobre los trabajadores del Peñón.
Según ha explicado Jiménez Barrios, estas conclusiones están abiertas a las aportaciones que hagan los agentes sociales más representativos y los grupos políticos, por lo que "podrán ser mejoradas por la participación de la sociedad andaluza".
