La Comisión Europea (CE) y las autoridades españolas están en contacto para "encontrar soluciones" a los problemas que plantea la adaptación al Derecho español de la normativa europea portuaria, que exige liberalizar el sector de los estibadores, dijo hoy el portavoz comunitario Margaritis Schinas.
El portavoz recordó que el Tribunal de Justicia de la UE concluyó en 2014 que el régimen portuario en España crea restricciones al establecimiento de los operadores.
"La CE está en contacto con las autoridades españolas para encontrar una solución para cumplir con esta sentencia y comparten el interés por un sistema portuario que sea compatible con la normativa europea de puertos y que garantice la competitividad de los puertos y a la vez ofrezca una protección adecuada a los trabajadores", dijo Schinas en la rueda de prensa diaria de la institución.
Aseguró en ese contexto que las discusiones "avanzan" y confió en que lleven a "una solución" que respete los requisitos exigidos en la legislación comunitaria.
Fuentes comunitarias precisaron que las sentencias del Tribunal europeo no fijan ningún plazo a los países para tomar decisiones, e insistieron en que en todo caso hace falta que la normativa española se ajuste a lo exigido por el Tribunal europeo.
Añadieron que aunque la CE podría esperar y ver el resultado de la reforma legal en España, el Ejecutivo comunitario es partidario de trabajar con los Gobiernos antes de la adopción de las leyes, para evitar tener que corregir la normativa a posteriori.
La CE llevó a España por segunda vez en 2016 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber cumplido una sentencia previa en la que se exigía al país que liberalizase el sector de los estibadores, y le instó a actuar para evitar sanciones.
Bruselas ya había denunciado a España ante la Corte tras determinar que el país incumplía con la libertad de establecimiento de los empleados encargados de manipular mercancías en los puertos españoles, ya que en el sector se contrata de preferencia al personal dispuesto por las compañías estibadoras.
El TJUE dio la razón a la Comisión en diciembre de 2014 y sentenció que este modo de operar de las empresas estibadoras españolas es contrario con la legislación comunitaria, ya que impide que operadores de otros países se instalen libremente en los puertos y contraten a quien deseen.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, confió esta semana en que el sector de los estibadores no pretenda mantener su situación de "privilegio" al margen de las leyes e instó a cumplir con la sentencia europea y reformar un sector para acabar con el "nepotismo".
Recordó que se trata de acometer una reforma del sector para hacerlo competitivo y llegar a una negociación en la que se respeten los derechos adquiridos pero que acabe con un sistema de gremio.