El Partido independiente del Valle de Guadiaro (PIVG) ha presentado por Registro de entrada del Ayuntamiento de San Roque un Recurso de Reposición para que se declare NULO de pleno derecho el acuerdo aprobado por el pleno de la suscripción del convenio con TRAGSA, Transformación Agraria S.A. empresa instrumental del Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación y Medioambiente para la remodelación de la antigua Casa consistorial en un museo y la mejora del entorno urbano por en 3.000.000 de euros.
El motivo, según PIVG, es que a la fecha de la aprobación no existía consignación presupuestaria porque la financiación es a cuenta del remanente del año 2015 y se debía haber comprometido y adjudicado la obra antes de finalizar el año 2016.
No obstante otro de los motivos y el principal por el que el PIVG, solicita la anulación es para que la obra salga a licitación pública, lo quepermitirá al Ayuntamiento, en base a la información aportada por este partido, ahorrase entre 700.000 y 900.000 euros," que de esta forma con las tarifas que aplica TRAGSA difícilmente se llega a esos ahorros". Además, manifiestan desconocer "de qué forma ha tenido -el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix- el contacto con esta empresa. "Dice que se le presentaron en FITUR diciendo que también hacían obras para el ayuntamiento y se ha puesto en contacto con el delegado provincial de Cádiz, pero no es transparente", indican desde PIVG.
"Al no tratarse de una empresa del Ayuntamiento, para poder suscribir el convenio, se hace de una forma rocambolesca en un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura , Pesca, Alimentación y Medioambiente que carece de competencias en la finalidad de este proyecto urbano y relacionado con Cultura al situarse dentro del entorno del casco histórico", manifiestan.
Aclaran que "para poder realizar convenios de colaboración entre dos o más administraciones tiene que existir un interés público común algo que es imposible y no está acreditado en la documentación puesto que este Ministerio ni tan siquiera tiene competencias en la materia que nada tiene que ver con la agricultura, la pesca o alimentación y medioambiente que son sus competencias propias".
Añaden que "tampoco sabemos el interés del alcalde en que se haga sin sacar a licitación a través de una empresa que aunque sea públicatiene condena por denuncia de ASEJA ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del gobierno de España , por la falta de transparencia en las encomiendas de gestión que recibe del Ministerio, la Comunidades Autónomas y otras Administraciones y también está señalada por el Tribunal de Cuentas en su informe del año 2012, por realizar trabajos que no se encuentran en su objeto social".
Para PIVG, "este es el compañero de viaje que busca el alcalde Ruiz Boix y su historial y que no sépor qué, pero no precisamente a favor de tratar que las arcas públicas por medio de la competencia entre las empresas que acuden a las licitaciones se ahorren un buen dinero".
En opinión de este partido, "la operación es puramente onerosa y coincidimos con el informe de la Intervención que también ha cuestionado en el pleno la legalidad de este convenio. Por su naturaleza no está excluido de la Ley de Contratación Pública y la obra tiene que salir a licitación".
