El Servicio Jesuita de Migrantes ha presentado su Informe CIE 2016, bajo el título “25,66: Media de repatriaciones diarias”. Durante el acto Miguel González Martín, coordinador del SJME ha dado la bienvenida al evento agradeciendo a las voluntarios y equipos del SJM que hacen posible el acompañamiento a las personas internas y la monitorización permanente de los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia y Algeciras-Tarifa. Además ha denunciado la utilización de los CIE como lugar de acogida, ya que tres cuartos de los internos vienen directamente desde pateras. Y esos centros de acogida son centros de detención.
Se ha señalado que durante 2016 fueron internadas en CIE 7.597 personas, de las cuales fueron expulsadas el 29,02%. La cifra de internamiento supera a las de los dos años previos, pero el porcentaje de expulsión cae notablemente. Tres de cada cuatro internos procedían directamente de pateras llegadas a costas españolas. Un total de 51 menores fueron identificados en CIE, un número tres veces superior al del año pasado. De un total de 770 solicitudes de asilo presentadas en los CIE, solo se admitieron a trámite el 20%. Además, el número de mujeres internas aumentó un 13% respecto a 2015 hasta un total de 513. La duración media de estancia en los CIE fue de 24,47 días.
En el informe detallan que un total de 3.101 personas, “el 40,82% de las internadas a lo largo de 2016, lo fueron en el CIE de Algeciras (comprendida su extensión paralegal de Tarifa). Se caracteriza por su condición de CIE “de Frontera”, puesto que recoge a las personas arribadas irregularmente a las costas españolas en la zona marítima del Estrecho (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) o que habían entrado irregularmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
En España se ha repatriado a una media de 25,66 personas al día y se ha detenido por estancia irregular a una media diaria de casi 100 personas en 2016. Las cifras totales anuales han sido de 9.241 repatriaciones y 35.882 detenciones. Además, existe una gran desproporción entre el número de las órdenes de expulsión incoadas y ejecutadas, ya que se formalizan finalmente una por cada cinco incoadas. Un 42% de estas expulsiones ejecutadas fueron por una mera estancia irregular. Además, se ha denunciado el limbo jurídico en el que quedan las personas cuya expulsión se dictó pero no se ejecutó, sin acceso a ningún servicio como ciudadano y con penosas consecuencias para la persona y su familia.
“La mayoría de personas expulsadas y devueltas no fue internada en un CIE, se observan directamente los escasos porcentajes de personas internadas efectivamente repatriadas. Donde más, en Valencia y Murcia, con el 59,11% y el 57,95%, respectivamente. Cabe preguntarse si ello tiene relación directa con el mayor recurso a dichos CIE para internar a personas de nacionalidad argelina. Madrid se encontraría en un rango intermedio, con un 46,13% de personas internadas efectivamente repatriadas. En los demás CIE, los porcentajes son muy bajos: 21,44% en Barcelona, 15,00% en Algeciras, 12,09% en Tenerife y 0,63% en Las Palmas”, añade el informe.
En otro apartado, explican que “en Algeciras, solo un 3,03% de las personas internadas (3.101) solicitaron protección; mientras que en Madrid lo hizo un 14,61% de las 1.526 personas internadas. Por lo que respecta a las solicitudes admitidas, los porcentajes son bajos: un 20,52% respecto del total”.
“Conviene observar en perspectiva los elevados porcentajes observados en Tenerife y Las Palmas, puesto que las cifras absolutas son muy bajas. Quizá tenga algo más de relieve el casi 32% de solicitudes admitidas en Algeciras: junto a Las Palmas y Tenerife, un CIE “de frontera”, apunta el informe.
“Aunque las cifras de personas internadas en el CIE de Algeciras se ponían en relación con su localización geográfica, que lo sitúa como el más indicado para internar a personas entradas irregularmente por alguno de los territorios de la zona del Estrecho, es notable la diferencia entre las 14.558 personas entradas irregularmente y las 7.597 personas internadas, máxime cuando son diversas las circunstancias que motivan el internamiento: procedimientos de devolución, procedimientos de expulsión por mera estancia irregular, o por una condena por conducta dolosa con pena de más de un año de prisión, no habiendo sido cancelados los antecedentes penales, o en sustitución de penas de prisión de más de un año”, añade.
En SJM cuentan con un equipo de 45 personas que ha realizado un total de 1.741 visitas en 2016 acompañando a 658 personas en los CIE, a pesar incluso del cierre temporal en Barcelona y Valencia. De esos internos, dos de cada tres no fueron expulsados finalmente. En Estas visitas hemos podido constatar que el 42% de los visitados llevaban residiendo en España más de 10 años. Hasta un 36% de las personas visitadas son recién llegadas a España por mar. El porcentaje de mujeres visitadas respecto del total fue del 8,5%, ya que solo Madrid, Valencia y Algeciras cuentan con módulo femenino. La mayoría de visitados eran de nacionalidad argelina.
El SJM ha constatado durante 2016 múltiples incidentes relacionados con la situación de las personas internas en los CIE. Estos incidentes han generado diferentes resoluciones judiciales que han puesto de manifiesto la precariedad en las condiciones de internamiento.
Reiteran desde el SJM, como hicieron en informes anteriores, el cierre de los CIE por este régimen actual. Reclamamos una mejora en las condiciones de internamiento y la necesidad de encontrar alternativas a la reclusión y a la expulsión como medidas previas a su cierre. Los CIE sirven para un fin distinto al que fueron creados, por ello pedimos centros de acogida, no de internamiento. Además, el papel de jueces, fiscales y abogados es esencial: reclamamos el fin del internamiento inmediato, ya que debería ser el último recurso; y demandamos una instancia superior judicial que unifique criterios dentro de la inestimable labor de los jueces de control.
Piden también una mayor transparencia que favorezca el trabajo que realizamos organizaciones sociales que visitamos los CIE, así como instamos a la Administración a la publicación de los datos relativos a la estancia y la ocupación de cada centro con carácter anual. Es necesario, asimismo, que las demás administraciones públicas regionales y locales se interesen por exigir el cumplimiento de los derechos humanos en CIE y por atender a aquellas personas que quedan en la calle tras pasar por estos centros.
