El sindicato considera inaceptable que la Junta de Andalucía pretenda postergar un año más la puesta en funcionamiento del segundo Juzgado de lo Social del Campo de Gibraltar. Denuncian un nivel insufrible de dilaciones en la citación de juicios y ponen como ejemplo que en materia de Seguridad Social se esta citando para el año 2020.
CCOO ha salido al paso del anuncio de la Junta de Andalucía por el que se fija el mes de noviembre del próximo año para la entrada en funcionamiento del nuevo Juzgado de lo Social, calificando esta decisión como inaceptable y exigiendo una rectificación que permita contar de manera inmediata con este muy necesario juzgado.
“Todos coincidimos en que la justicia tardía no es justa, y esto es lo que esta padeciendo la clase trabajadora del Campo de Gibraltar que soporta esperas inaceptables cuando tiene de recurrir a la jurisdicción social, lo que provoca situaciones personales y laborales dantescas”, ha declarado el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.
Triano ilustraba con datos la realidad de lo que viene ocurriendo en nuestra comarca desde hace años en los pleitos laborales en una situación que califica de tercermundista, “se están citando juicios para el año 2020 para cuestiones relacionadas con pleitos a la Seguridad Social, de más de un año años para casos de despido, de más de año y medio para reclamaciones de cantidad o de reconocimiento de derechos o de más de seis meses para impugnaciones de altas por Incapacidad Transitoria”.
CCOO pone el acento en que a las consecuencias que para los trabajadores tienen los efectos de las reformas laborales y que unida a estas dificultades para reclamar la tutuela judicial, están provocando un deterioro sin parangón en el mercado laboral de nuestra comarca. “Es una demanda justa que se viene prolongando desde hace años y que no admite más demora”.
Desde este sindicato, han demandado a la Junta que cumpla sus compromisos con la urgencia que el caso merece, “no resulta de recibo que la administración autonómica lleve años escudándose en la falta de autorización del Ministerio de Justicia y que cuando esta llega nos plantee que necesita un año para implementarla.
