Habría recordar que Gibraltar fue el territorio británico que con mayor contundencia votó a favor de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, en el referéndum en el que se sometía a consideración de la ciudadanía británica esta cuestión.
En las próximas semanas, y fruto de los “acuerdos de divorcio” suscritos entre la Unión Europea y Gran Bretaña en marco de proceso negociador del brexit, el gobierno español debe decidir si autoriza la inclusión de Gibraltar en el denominado “periodo transitorio”.
De no ser así, Gibraltar se convertiría en el primer territorio británico en abandonar la Unión Europea y nos encontraríamos ante la gran paradoja de que la ciudadanía que más ha apostado por su continuidad en Europa fuese la primera en ser expulsada de ésta. Este hecho tendría una afectación inmediata y demoledora en las relaciones económicas y sociales entre las comunidades de ambos lados de la Verja, cuya interdependencia es sobradamente conocida, y en la que se verían afectados miles de trabajadores y empresas. Igualmente, cabría poner el acento en que un veto del gobierno español a la inclusión de Gibraltar en el periodo transitorio, resultaría contradictorio con las declaraciones de “brexit sensible con los problemas de los trabajadores” y de “frontera blanca” que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se han venido lanzando en los últimos tiempos. Por todo ello, y habida cuenta del nivel de incertidumbre y de las consecuencias económicas que el proceso brexit en general y la inclusión de Gibraltar en el periodo transitorio en particular están generando, se hace necesario reclamar del Gobierno de España, en el marco de sus responsabilidades y competencias, que anuncie su disposición respecto a este último asunto. En otro orden de cosas, el brexit ha puesto sobre la mesa la descompensación existente entre las realidades socioeconómicas existentes entre la ciudadanía gibraltareña y sus vecinos del Campo de Gibraltar; un hecho histórico y de sobras conocido, pero que parece que este proceso ha situado en la agenda política de nuestros gobernantes.
En este sentido, resulta imprescindible que el Estado español y sus gobiernos central y autonómico, evolucionen desde el terreno de las promesas al de los hechos. Han sido muchos los compromisos explicitados públicamente y las buenas intenciones expresadas, pero lo cierto y verdad es que no se ha ejecutado una sola inversión, no se ha puesto en marcha un solo programa específico ni se ha procedido a modificación legislativa alguna para dotar a la ciudad de La Línea de un tratamiento fiscal más competitivo. Respecto al resultado final del brexit, y sin entrar en los rumores y especulaciones de paralización que periódicamente nos llegan, somos muchos los que nos miramos en el espejo del acuerdo alcanzado en la otra única frontera terrestre, junto con la de Gibraltar, que comparten la Unión Europea y el Reino Unido.
En efecto, el acuerdo alcanzado para la regulación de las relaciones fronterizas entre la República de Irlanda y el territorio de Irlanda del Norte puede ser un buen ejemplo de cómo responder a las aspiraciones de las comunidades que convivimos a ambos lados de la Verja. Y es por ello, que somos igualmente muchos los que aspiramos a que en el proceso negociador en curso se tengan en cuenta las especialidades de nuestra zona. Están en juego los intereses de miles de personas trabajadoras, de cientos de pymes y, en definitiva, está en juego el futuro socioeconómico de esta parte de Europa que es el Campo de Gibraltar y de nuestros vecinos gibraltareños. Esperemos que los gobiernos estén a la altura.
