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Lunes 11/11/2024
 

Campo de Gibraltar

Los remolcadores de Algeciras alertan de una posible huelga

Rechazan el reglamento europeo que no impone la reserva de bandera

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  • Asamblea de remolcadores. -

Los delegados de personal de los remolcadores de la bahía de Algeciras han denunciado que, "con la entrada en vigor el próximo 24 de marzo de 2019 del reglamento de la Unión Europea 352/2017, sin la imposición por parte del Estado Español de la reserva de bandera, ocasionaría un grave perjuicio socio laboral al colectivo de remolque".

"Este mismo reglamento de la UE 2017/352 recoge la posibilidad de imponer un requisito de bandera de los estado miembros, que ya aplican países como Francia y Alemania para garantizar la legalidad laboral del país, respetando tanto los principios de la libre competencia como las obligaciones en el ámbito de la normativa social y laboral que se aplican en el Estado miembro. Cuál es nuestra sorpresa que a menos de 2 meses de la entrada en vigor del reglamento, el Estado español no se ha pronunciado al respecto, ni nos consta anuncio alguno de licitación para imponer un requisito de bandera, la única información, sin poder confirmar su veracidad, son comunicados de sindicatos tales como CCOO y UGT en la que la representación del sector de remolque es irrelevante", alegan.

Los trabajadores de Remolcadores Bahía de Algeciras, reunidos ayer en asamblea, ratifican "las decisiones acordadas  en la pasada asamblea de la Plataforma de Trafico interior, representada por más del 80 % del colectivo de remolque a nivel nacional", y advierten de "la paralización de la actividad de remolque en la bahía de Algeciras si el Estado Español no aplica la reserva de bandera  nacional y así evitar el abanderamiento de los remolcadores portuarios en países extranjeros, lo que conllevaría la aplicación de la legislación laboral del país enarbolado, destrozando las condiciones socio laborales y de seguridad marítima que existen actualmente, escapando al control del Estado la cualificación y formación del nuevo personal, provocando pérdidas de empleo y precariedad laboral a un colectivo que cuenta con más de 1.500 empleos directos en el sector".

Quieren "dejar claro que no estamos en contra de la libre competencia ni de que ejerzan su derecho al mercado laboral cualquier trabajador sea cual sea su nacionalidad, siempre y cuando sea en virtud del cumplimiento de la normativa social y laboral del país sin que haya una competencia desleal".

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