El diputado del grupo parlamentario VOX, Agustín Rosety, ha llevado al Congreso de los Diputados la difícil situación que viven los funcionarios sanitarios de la prisión de Botafuegos en Algeciras.
Rosety ha tildado de incoherencia el hecho de que en la actual RPT de la prisión algecireña figuren un subdirector y diez médicos, y que debido a causas como comisiones de servicio y promoción a puestos directivos de gran parte de los facultativos, en la actualidad tan solo se disponga de cuatro de ellos, que deben alternarse en guardias lo que provoca que solo dos médicos puedan atender diariamente a una población reclusa masificada como la de Botafuegos.
“La situación de la enfermería de la prisión de Botafuegos es insostenible, debido principalmente a dos graves problemas por un lado la masificación de reclusos que afecta al centro penitenciario algecireño que actualmente cuenta con 1.315 internos, de los que 100 son portadores o enfermos de SIDA, 200 padecen hepatitis C y otros 200 son enfermos mentales que no pueden convivir con el resto de la comunidad de reclusos del centro de internamiento. Por otro lado, está la escasa dotación de personal sanitario, debido principalmente a lo poco atractivas que son las ofertas de empleo público abiertas por la administración principalmente por los bajos salarios que ofrecen al personal médico, algo que se pudo comprobar en la última convocatoria de plazas que ha quedado sin cubrir”, ha denunciado Rosety.
Por otro lado, el diputado del grupo VOX por Cádiz, ha querido recordar también en la exposición de motivos de la pregunta registrada ante el Congreso el pasado 18 de marzo, que por decreto de 2003 la sanidad es una competencia transferida a la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía y que pese a ello el SAS no atiende al colectivo de presos, cuyos expedientes e historias clínicas ni siquiera figuran en la base de datos, es decir, se produce un corte en el historial sanitario del recluso, ya que desde el área sanitaria de prisiones no pueden acceder al historial médico y eso provoca que en registrar el nuevo historial en la prisión les lleve en torno a once meses de espera. Esta situación es gravemente atentatoria contra el principio de sanidad universal vigente en nuestro país.
