El pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha celebrado hoy una sesión extraordinaria por vía telemática en la que la solicitud de adhesión del Consistorio al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda. En concreto, se solicitan 8.095.196,56 euros. De esa cantidad, 4.951.753,80 euros se destinarían al pago de dos sentencias judiciales que actualmente no son firmes y que estaban previstas para este año, pero podrían llegar en 2021, y 3.143.442,76 euros destinados a sufragar el vencimiento de siete préstamos bancarios.
La decisión fue criticada con dureza desde la oposición, que lamenta que la deuda municipal a largo plazo aumenta, de manera que el futuro del Ayuntamiento se ve hipotecado. El PSOE criticó la “nefasta gestión económica municipal del PP que encabeza José Ignacio Landaluce” e “incrementar la deuda local con los bancos, que era de 219 millones de euros a 31 de diciembre de 2019”, indicó el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.
“El señor Landaluce es incapaz de pagar ni siquiera los préstamos que pide, y por eso tres millones de los ocho que solicita ahora serán para pagar vencimientos de operaciones ya concedidas. Esta es otra consecuencia negativa más que provoca Landaluce para los algecireños, a los que está hipotecando por muchos años”, afirma Silva.
El portavoz municipal de Adelante Algeciras, Javier Viso, en la misma línea, señaló que esta decisión supone “aumentar el endeudamiento del Consistorio, que está entrampando a las generaciones futuras de algecireños y algecireñas con una política económica nefasta”.
El Fondo de Ordenación, recuerda Viso, viene “asociado con un plan de ajuste”, por lo que “no sale gratis. Con este acuerdo, el PP compromete seriamente las posibles políticas que se puedan a hacer hasta el año 2036. Recordemos que la deuda viva del Ayuntamiento de Algeciras está valorada en unos 217 millones de euros” y considera que “la política económica del PP” consiste en “darles patadas hacia adelante”.
La delegada municipal de Hacienda, María Solanes, por su parte, defiende que “seguimos dando solución a los múltiples problemas heredados de la anterior gestión socialista, de la que provienen las dos sentencias, al igual que procede de allí el 90% de los créditos que tenemos suscritos”, además de señalar que el TSJA ha condenado a Silva al abono de las costas de un juicio contra el gobierno local.
Proveedores
Desde el PSOE han hecho referencia la situación del pago a proveedores, en la que Algeciras es la 83ª en el ranking de las 97 grandes ciudades españolas que más tardan en pagar, como publicó VIVA en su edición del lunes. “Hoy hemos visto en el pleno a Landaluce en estado puro, negando la realidad. Valora como algo positivo una mención de quien fue asesor del PP en Europa y que es presidente de la asociación de autónomos. El periodo medio de pago a proveedores no llega a cumplir la ley; sin embargo se traduce en una deuda bancaria histórica para el Ayuntamiento”, añade Silva.
Los socialistas recuerdan que “el gobierno del PP en Algeciras ya dijo en 2012 que dejaba a cero la deuda municipal con los proveedores, cuando elevó los préstamos financieros con cargo a las arcas locales a 166 millones de euros. Hoy la deuda se ha incrementado en 53 millones más, lo que supone que Landaluce ha generado una deuda bancaria de seis millones en cada uno de los últimos nueves años”.
Subida de impuestos
El viceportavoz del PSOE explica “la nueva petición de deudas con los bancos obligará al gobierno local a ser más estricto en el cumplimiento del Plan de Ajuste. Así lo reclama el interventor municipal accidental, quien también sostiene que será necesario pedir una media de nueve millones de euros más cada año como deuda financiera”.
Entre las condiciones contempladas en el Plan de Ajuste figura la subida de impuestos y tasas, la supresión de exenciones y bonificaciones, la reducción de personal, y que no se cumplan las inversiones previstas. En este último caso, no podrá comprometerse inversión por más de 3,2 millones de euros al año.
Para Viso, se “asfixiará aún más a los consumidores, y afectará al comercio, al empleo y a los servicios municipales. Las medidas comprometen al Ayuntamiento a una subida de impuestos (como el IBI), una eliminación de bonificaciones, grabar una tasa de energía o no ejecutar las inversiones presupuestadas”.
