CAEPAT (Coordinadora Andaluza de empleados/as públicos/as en abuso de temporalidad, que cuenta con más de 20.000 asociados y representa a 160.000 empleados/as públicos/as en Andalucía) está francamente decepcionada con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

El pasado 29 de diciembre de 2021, fue publicada en BOE, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que si bien, afirman desde CAEPAT, no resuelve ni sanciona el problema del abuso de temporalidad, en los términos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni transpone adecuadamente la Directiva 1999/70/CE del Consejo de Europa, sí supone un avance significativo en el camino hacia una solución definitiva del conflicto que en Andalucía, según afirma la Coordinadora, afecta a más de 160.000 empleados/as públicos/as.

En la Junta de Andalucía, el gobierno del Partido Popular no ha querido esperar a la aprobación de la nueva Ley y ha seguido adelante estos meses con la ejecución de ofertas de empleo público aplicando los procesos selectivos actuales, claramente mucho más perjudiciales que los regulados en la nueva Ley. Esto ha supuesto, a día de hoy, la pérdida de su puesto de trabajo de miles de empleados/as temporales en Andalucía que, además, han tenido que soportar que desde el gobierno de la Junta se les haya tachado de “enchufados del PSOE”. Sirva como ejemplo los procesos selectivos realizados hace escasas fechas para cubrir 283 plazas de trabajadores/as sociales, donde sólo 39 personas aprobaron. Con la nueva Ley, al menos el 90% hubiera consolidado su plaza. En este sentido, las declaraciones del Consejero Elías Bendodo, realizadas tras la aprobación de la nueva ley en las que ha afirmó que, en Andalucía, “sí hemos hecho todos los deberes, hemos sacado todas las plazas de estabilización anteriores y tenemos la oferta ya en marcha, por tanto nos hemos anticipado a este anuncio de acuerdo”, han sido tomadas por las personas afectadas como un insulto.

En una nota de prensa CAEPAT afirma que “no se ha caracterizado la Administración Pública Andaluza, por ser un ejemplo de empatía, magnanimidad y prudencia, más bien al contrario: siendo dicha administración consciente de que se estaba tramitando en las Cortes españolas, con carácter de urgencia, un nuevo marco legislativo estatal y en vísperas de la aprobación de una Ley básica, se ha entregado a una carrera desbocada hacia ninguna parte convocando procesos de estabilización incluso días antes de la publicación en el BOE de la nueva ley a la que nos hemos referido. Ello desde luego nos hace dudar de la buena fe de la Administración Autonómica Andaluza, de las prácticas de su buen gobierno, de su lealtad institucional y, sobre todo, de su voluntad de aplicar generosamente el nuevo marco legislativo a favor de una verdadera regularización del personal en abuso de temporalidad”.

Desde CAEPAT, solicitan al Gobierno Andaluz que, en primer lugar, debe elaborar un listado de las plazas que considere se encuentran sujetas a las condiciones a las que se refieren tanto el artículo 2 como las disposiciones adicionales sexta y octava de la citada Ley, aprobando después unas bases donde se prime la experiencia en el puesto de trabajo, modificar las convocatorias de estabilización en marcha al amparo de las leyes de presupuesto de 2017 y siguientes, incluso aquellas que ya han sido resueltas pero que todavía no se han adjudicado, y, finalmente “por mera justicia con un personal que durante años ha servido a la Administración Pública Andaluza con solvencia y lealtad, es necesario explorar soluciones para aquellas personas que, habiendo sufrido abuso de temporalidad, no han conseguido superar los procesos de estabilización hasta ahora convocados y que por ello han sido cesados o están a punto de serlo, generando un problema de exclusión social y laboral evidente, por tratarse sobre todo de mujeres en edades superiores a los 45 años, ante el que una administración responsable no puede mirar hacia otro lado”.

En el comunicado advierten desde CAEPAT el perjuicio económico que puede suponer para la Junta de Andalucía una solución en falso a este problema: “No se olvide que todas estas personas deberán ser indemnizadas y generarán un detrimento innecesario del erario público andaluz, contrario, por cierto, a lo previsto por las leyes de presupuesto que dieron origen a los procesos de estabilización referidos. Tanto lo uno como lo otro, llevará sin duda a niveles de judicialización del conflicto insoportables ya para todas las partes”.

Por todo ello, CAEPAT ha convocado una concentración para este martes, a las 12:00 horas, en el palacio de San Telmo, concentración a la que se han unido distintos y numerosos colectivos de la Junta de Andalucia como: CGT, USTEA, COBAS, SEPMA, APROVADA, ANIL, SIJEA, SINTEF, APLINDF, UITA, AFIJA, UTEDEF, ASEPAT, ADESAE, ATILA…